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Beltrones tramitó un amparo contra una posible orden de aprehensión: abogado

El expresidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, tramitó un amparo en contra de una posible orden de aprehensión a raíz de la investigación que se sigue sobre el uso ilegal del dinero público para impulsar las campañas de su partido en las elecciones mexicanas de 2016.

Así lo confirmó este lunes Antonio Collado, abogado del exsecretario nacional adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, detenido el pasado 20 de diciembre, acusado de desviar 246 millones de pesos de las arcas públicas de Chihuahua y destinarlos a las campañas electorales de candidatos priistas en 2016, en coordinación con el exgobernador César Duarte Jáquez, quien se encuentra prófugo de la justicia.

“Quieren involucrar a Manlio Fabio Beltrones, quien solicitó un amparo contra una posible orden de aprehensión y que no pase lo que pasó con Alejandro, que fue aprehendido sin citatorio, además de que se le informe si hay alguna investigación en su contra”, puntualizó en entrevista con Radio Fórmula.

Collado también destacó que en el caso de su cliente, Alejandro Gutiérrez, “está siendo víctima de tortura. Le han ofrecido que sea testigo protegido y declare contra funcionarios federales”, dijo.

Sobre ese punto, reveló que han denunciado al gobierno chihuahuense de Javier Corral ante la Procuraduría General de la República (PGR) “porque está torturando a Alejandro Gutiérrez”.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Chihuahua, Gutiérrez Gutiérrez –secretario general adjunto del PRI en la dirigencia nacional de Beltrones– es acusado de desviar casi 250 millones de pesos de las arcas del gobierno de César Duarte, motivo por el que un juez de Control otorgó la orden de aprehensión que fue cumplimentada el 20 de diciembre pasado.

Por esa causa penal están procesados otros exfuncionarios cercanos a Duarte Jáquez, quienes eran funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Educación estatales.

Gutiérrez fue presuntamente la persona que gestionó la transferencia de los recursos federales a Chihuahua, con el fin de otorgar posteriormente el dinero al PRI Nacional.

Para justificar la salida de esos recursos del gobierno estatal, los implicados en la red de triangulación simularon contratos.

Entre los exfuncionarios procesados o sentenciados por esa causa se encuentran el exsecretario de Educación, Ricardo Yáñez Herrera; Karla Jurado Bafidis, exdirectora de Administración de la Educación; el exdirector de Adquisiciones y Administración y diputado federal suplente, Enrique Antonio Tarín, así como Gerardo Villegas Madriles, exdirector de Administración de la misma dependencia y sobrino de Duarte Jáquez.

Proceso

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Chihuahua

El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!

Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.

Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.

En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.

De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.

Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.

Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.

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