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México

Beneficios de reforma telecom son patentes, asegura la SCT

A dos años de la publicación de la reforma constitucional en telecomunicacioneslos beneficios son patentes, aseguró la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

«La reforma estableció un nuevo diseño institucional para recuperar la rectoría del Estado y generar un ambiente propicio para la inversión privada», aseguró la dependencia en un comunicado.

Con la reforma se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano constitucional autónomo, encargado de regular, promover y supervisar el espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión y que, además, funge como autoridad en competencia económica en dichos sectores, dijo la SCT.

El regulador declaró operadores preponderantes y emitió regulación asimétrica.

«También se crearon tribunales especializados en la materia, a fin de resolver controversias con un mayor grado de conocimiento y experiencia, lo que ya permite que los procedimientos judiciales se desahoguen con mayor agilidad y precisión», destacó.

Según la SCT, la reforma atrajo 6 mil millones de dólares en inversión extranjera directa y ha tenido beneficios al usuario como la reducción de precios, consulta de saldos gratuito en prepago, derecho a bonificaciones y eliminación del cobro de roaming.

La libre elección y la no discriminación en el acceso a Internet es un derecho de los usuarios, en tanto que la neutralidad de la red es patente, pues la nueva Ley reconoce que el acceso de los usuarios a Internet debe darse bajo principios de privacidad, no discriminación y libre acceso a cualquier aplicación, contenido o servicio, con independencia de la red con la cual haya contratado sus servicios, destacó la dependencia.

Según la SCT se logró una mayor penetración de banda ancha móvil, de diciembre de 2012 a septiembre de 2014, la penetración de la banda ancha inalámbrica prácticamente se duplicó al ubicarse en 44.3 suscriptores por cada 100 habitantes.

Agregó que se ha avanzado en la red compartida, la cual debió licitarse en diciembre de 2014, proceso que se llevará a cabo en el último trimestre de este año, de acuerdo con la Secretaría.

Sobre el apagón analógico, recordó que se han entregado un tercio de los 10 millones de televisores que debe regalar antes de diciembre de 2015.

El Universal

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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