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México

Biden envía a México una delegación para definir una estrategia ante la primera crisis migratoria de su mandato

La Administración de Joe Biden intenta abordar su primera crisis migratoria en colaboración con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante el masivo efecto llamada de migrantes centroamericanos. El presidente estadounidense ha enviado una delegación a México para definir una estrategia común y un plan de cooperación regional mientras miles de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños en encuentran varados en las fronteras sur y norte del país. El equipo, encabezado por la exembajadora Roberta Jacobson, llega este lunes a Ciudad de México para reunirse mañana con el canciller Marcelo Ebrard y mantener una jornada de trabajo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una parte de la misión se desplazará después Guatemala.

El objetivo del viaje, que se produce justo después de que Biden anunciara su intención de visitar la frontera, consiste, según ha informado la Casa Blanca, en “colaborar con funcionarios del Gobierno mexicano para poner en marcha un plan de acción eficaz y humano en la gestión de la migración”. Jacobson, una veterana diplomática que fue la máxima representante de Washington en México entre 2016 y 2018, y renunció por desacuerdos con Donald Trump, estará acompañada por Juan González, hombre fuerte de Biden en América Latina, y Ricardo Zúñiga, el recién nombrado enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte. La delegación estadounidense quiere escuchar también a exponentes de la sociedad civil y de ONG “para abordar las causas primarias de la migración en la región y construir un futuro más esperanzador”.

Eso se ha traducido, de momento, el compromiso de la nueva Administración estadounidense de destinar 4.000 millones de dólares a Centroamérica. El monto, anunciado en enero, es un punto de partida para una tarea titánica que incluye, por ejemplo, la reconstrucción de un país devastado por los huracanes Iota y Eta como Honduras, lo que fue otra espita de la última caravana migrante.

En este momento las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos giran en torno a la migración y a la distribución de las vacunas contra la covid-19. La llegada de Biden a la Casa Blanca y las promesas de un giro en sus políticas alentó a finales de enero una nueva ola de migrantes. La primera caravana de hondureños se topó primero con la represión de las fuerzas de seguridad guatemaltecas y después con la frontera mexicana. Los que logran cruzar y llegar hasta el río Bravo se enfrentan a una expulsión hacia el sur, a pesar de que Trump ya no esté en el poder. A diferencia de su antecesor, Biden ha suavizado algunas fórmulas para permitir la entrada, por ejemplo por motivos humanitarios, pero tanto el presidente como su Administración no han dejado de lanzar mensajes -y dar señales, como las expulsiones- disuasorios.

El incremento del flujo ha sido vertiginoso en los últimos meses. En febrero fueron retenidos o detenidos más de 100.000 migrantes. Estos números recuerdan la crisis vivida a mediados de 2019, cuando López Obrador se plegó a las exigencias de Trump para frenar la llegada de centroamericanos a Estados Unidos ante las amenazas arancelarias de Washington. El pasado 19 de marzo el Gobierno mexicano desplegó nuevos operativos en la frontera sur “para salvaguardar los derechos e integridad de personas menores de edad migrantes de diferentes naciones centroamericanas, usados por redes criminales como salvoconducto de tránsito para llegar al norte del país”. La Secretaría de Gobernación informó también de restricciones de acceso “en los cruces terrestres a los visitantes con actividades no esenciales” ante la emergencia sanitaria de la covid-19. Las autoridades mexicanas han identificado en lo que va de año a casi 4.200 menores, acompañados y no acompañados, “quienes viajaban de manera irregular en territorio mexicano y son presas de traficantes de personas que lucran con la migración irregular”.

Fuente: El País

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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