Se trata de un “big brother” financiero. Sus participantes son el presidente de la República, senadores, diputados, el jefe de Gobierno capitalino, delegados, secretarios de Estado, directivos de organismos autónomos, líderes de partidos, presidentes municipales, miembros del Poder Judicial y altos mandos militares.
Todos sus movimientos financieros son vigilados en México y en todo el mundo; sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no tiene reportes específicos de las Personas Políticamente Expuestas y sobre el número de consignaciones ante la PGR por uso indebido de recursos.
La SHCP informó que en la base de datos en la que se registran las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la PGR “no existe columna o apartado para identificar cuántas denuncias se han presentado en relación con las Personas Políticamente Expuestas”.
La dependencia dijo que la UIF tiene atribuciones para realizar el análisis de los reportes de operación que presentan los sujetos obligados en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Hacienda expone que considerar a un servidor público como Persona Políticamente Expuesta no implica que sólo por tener ese carácter esté implicado en alguna irregularidad.
“Es un indicador de riesgo que debe ser analizado en conjunto con otros, para después determinar, de acuerdo con el modelo de riesgo, si se trata de un acto u operación que pudiera favorecer, prestar o cooperar cualquier especie para la comisión de delitos de terrorismo, su financiamiento u operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Para Guillermo Cejudo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y experto en temas de evaluación de políticas públicas y rendición de cuentas, el mecanismo sería más efectivo si existiera una lista de Personas Políticamente Expuestas que fueron sancionadas.
“Sería más eficaz que existiera una lista de Personas Políticamente Expuestas sancionadas o que haya concluido la investigación en su contra, por ello es crucial conocer qué casos han sido sancionados en el país”, dice.
Considera que el efecto de estos instrumentos es positivo, no sólo por lo que detectan y las denuncias ante la PGR, sino por su papel de “disuadir” a los funcionarios al saber que Hacienda tiene los elementos legales y tecnológicos para detectar “operaciones sospechosas”.
“El principal efecto puede no ser lo que detecte o lo que denuncia, sino el efecto disuasor en las operaciones. Pero el problema para cualquier análisis es que es imposible documentar. Para que ese efecto disuasor funcione, tiene que haber casos en los que se haga notorio que el mecanismo funcionó y que alguna Persona Políticamente Expuesta fue detectada o sancionada”, comenta el experto.
El Universal
