Después de operar con el andamiaje perfecto para propiciar fraudes, ante la falta de regulaciones y nula vigilancia, las Cajas de Ahorro fueron metidas en cintura por los senadores.

Ahora, estas entidades financieras estarán bajo la lupa de las autoridades con las reformas que aprobó la Cámara Alta para regular sus actividades, proteger el ahorro, crear medios de pago eficientes y atender necesidades de crédito popular.

En México, solo 99 de las 850 entidades de ahorro y crédito popular son supervisadas por las autoridades.

Hay 385 que están en proceso de obtener autorización y trabajan para cumplir con los estándares que señala la ley. Ahora tendrán un plazo de 15 meses para ajustarse a los nuevos lineamientos.

Pero existen otras 200 que operan fuera de la ley y captan recursos de forma irregular, sobre todo en los estados de Oaxaca, Puebla, Guerrero, Veracruz y Chiapas.

Las únicas cajas que cuentan con el respaldo de un fondo de protección para los ahorradores son las 99 reguladas, el resto no.

Dado que el total de activos de las Cajas de Ahorro no llega al 0.9 por ciento de los activos bancarios, las autoridades financieras han considerado que una crisis en este sector no representa un riesgo financiero para el país.

Es por ello que en este segmento de la intermediación no existió regulación hasta diciembre de 1991, cuando se aprobó la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.

La laxa vigilancia, los vacíos legales que imperaban en este sector y propiciaban una serie de fraudes contra miles de ahorradores, obligó al Congreso a aprobar la creación del Fideicomiso de Pago (Fipago) hace 12 años.

Pero como se carecía aún de mayor supervisión y vigilancia por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los siguientes 10 años el Fipago tuvo que aportar más de 4 mil millones de pesos debido a fraudes y malos manejos. Con estos recursos se rescató a 160 mil ahorradores y se apoyó a 59 entidades de ahorro y crédito popular con problemas.

La problemática de este sector que atiende sobre todo a la población de menores ingresos y comunidades rurales, donde no ha logrado penetrar todavía la banca comercial, obligó a los legisladores a poner candados más severos para su regulación.

Fue así como el Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma las leyes para Regular Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Estas sociedades cooperativas deberán registrarse ante el Comité de Supervisión Auxiliar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para lograr su regularización y ser financieramente viables.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ya había advertido desde antes sobre los riesgos de fraude y quebranto en estas entidades que ofrecen rendimientos superiores al 10 por ciento y no están registradas ante la CNBV.

Y es que es difícil que sea sostenible y pueda recuperar los ahorros cualquier institución financiera que ofrezca más de ese porcentaje de tasa fija, advierte el organismo.

El alto rendimiento prometido es una de las características de las instituciones defraudadoras. En ciertos casos llega hasta 45 por ciento, lo que genera problemas financieros a la entidad e incluso a la quiebra con el consecuente fraude para los ahorradores.

De ahí la importancia de que en las modificaciones aprobadas no se autorizan más prórrogas a las entidades para regularizarse.

De no contar con la viabilidad financiera suficiente para responder, los ahorradores tampoco tienen la garantía del Fipago, en caso de quiebra o fraude que respalde sus recursos invertidos.

Fuente: Reporte Índigo