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Bolsonaro dice que acabará con la deforestación ilegal antes de 2030 y se compromete a reducir un 40 % las emisiones

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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este jueves, en el marco de la Cumbre de Líderes sobre el Clima, que acabará con la deforestación ilegal antes de 2030 y se comprometió a reducir en un 40 % las emisiones hasta esa fecha. Sin embargo, desde que llegó al poder hace más de dos años, la deforestación en la Amazonía no ha parado de aumentar.

En su breve discurso, el ultraderechista reiteró el compromiso de reducir la emisiones en un 37 % para 2025 y en un 40 % hasta 2030 y afirmó que duplicará los recursos destinados a las acciones de fiscalización ambiental.

El mandatario brasileño también pidió ayuda a nivel internacional para solucionar los «problemas» en la Amazonía. «Ante la magnitud de los obstáculos, incluidos los financieros, es fundamental poder contar con la contribución de países, empresas, entidades y personas dispuestas a actuar de manera inmediata, real y de forma constructiva en la solución de estos problemas», afirmó.

Bolsonaro aseguró que Brasil buscará la neutralidad de carbono para 2050. «Determiné que nuestra neutralidad climática en Brasil se alcanzará para 2050. Por lo tanto, lo adelanto en diez años a lo previamente anunciado», espetó.

Según declaró recientemente el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, si Brasil recibe 1.000 millones de dólares de ayuda de la comunidad internacional se podría reducir hasta en un 40 % la deforestación ilegal de la selva amazónica.

Para los especialistas, la Cumbre del Clima ha supuesto uno de los mayores desafíos diplomáticos para Bolsonaro, más cercano a la anterior administración de Donald Trump y que se ha visto obligado a moderar su discurso con la llegada de Joe Biden a la Presidencia.

También ha expuesto la falta de compromiso de su Gobierno con las metas que estableció cumplir al firmar el Acuerdo de París en 2015 y con las que ya se comprometió, entre otras cosas, a terminar con la deforestación ilegal en 2030.

Entre agosto de 2019 y julio de 2020, la deforestación alcanzó 11.088 kilómetros cuadrados, un aumento del 9,5 % frente al mismo periodo del año anterior.

«Brasil terminó la cúpula de líderes como entró: desacreditado. Bolsonaro pasó la mitad de su discurso pidiendo dinero para alcanzar conquistas medioambientales, que su gobierno intenta destruir desde hacer dos años», comentó en Twitter Marcio Astrini, secretario ejecutivo de la ONG Observatorio del Clima.

Bolsonaro rebaja el tono

Durante la campaña electoral, Biden dijo que de ser electo conversaría con otras naciones para dar a Brasilia un fondo de 20.000 millones de dólares, con el objetivo de acabar con la deforestación. Bolsonaro rechazó la idea, afirmando que no aceptaría «sobornos, criminales demarcaciones o infundadas amenazas».

o, el propio Bolsonaro mandó la semana pasada una carta a su homólogo estadounidense pidiendo recursos para erradicar la deforestación ilegal. Washington pidió «acciones inmediatas» para lograr «resultados concretos».

Esa misma semana, se anunció el reemplazo del superintendente policial del estado de Amazonas, Alexandre Saraiva, después de que este pidiese una investigación contra Salles por presuntamente entorpecer la actuación fiscalizadora del Gobierno en relación con delitos ambientales, como la tala ilegal.

Además de aumentar la deforestación, durante el gobierno de Bolsonaro –a favor de la explotación económica de reservas naturales y tierras indígenas– se han debilitado significativamente los órganos de fiscalización ambiental, como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), y se han flexibilizado las normas de protección ambiental.

Diferentes personalidades de Brasil, entre ellas varios exministros, enviaron una carta a los participantes de la Cumbre del Clima para advertir que «frente a la presión internacional y de la sociedad brasileña, el Gobierno de Bolsonaro ha cambiado su discurso, pero no de política«.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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