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Brasil abre sus mercados al tequila

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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil reconoció de manera formal la identidad y calidad del tequila mexicano, esto con el fin de que este pueda ser comercializado en la nación sudamericana, informó la Secretaría de Economía.

El reconocimiento de las autoridades brasileñas garantiza que el tequila cumple con las normas oficiales y los estándares de calidad e inocuidad exigidos por las disposiciones oficiales del país en la materia.

Con este anuncio, reportó Notimex, se abren finalmente las puertas para que la bebida mexicana ingrese a tan importante mercado, garantizando a los consumidores que se está importando un producto original.

Esto se trata de un logro para la industria mexicana y los productores de tequila, mismo que culmina con la autorización para que la bebida tenga presencia en el mercado brasileño, además de contar con un trato nacional.

Esto significa que una vez que la bebida mexicana entre al mercado brasileño, ya no tendrá que cumplir con requisitos adicionales o diferentes a los que se le exigen a las mercancías brasileñas, lográndose la igualdad de competencia.

Apenas el pasado febrero, el Instituto de Propiedad Industrial de Brasil hizo público el reconocimiento y protección de la Denominación de Origen “Tequila”, con lo que se garantizó la protección de la industria mexicana tequilera en el mercado ante una posible competencia leal. Esto quiere decir que ninguna otra bebida puede ostentarse como tequila.

Únicamente faltaba el reconocimiento de parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, mismo que fue publicado el pasado 11 de julio en el Diario Oficial Brasileño, lo cual permite que el tequila pueda ser comercializado ya en el país sudamericano.

sdp noticias

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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