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Breach indagaba ‘narcolavado’ con pozos ilegales

Revelaciones vinculadas con actividades de grupos de narcotraficantes identificados por nombre y organización; asuntos de corrupción gubernamental en los ámbitos municipal y estatal durante el gobierno de César Duarte, y complicidad entre políticos y narcotraficantes son las líneas de investigación que han establecido autoridades federales y estatales en el homicidio de Miroslava Breach Velducea.
La corresponsal de La Jornada y columnista del diario Norte, de Ciudad Juárez, trabajaba en una investigación relacionada con la perforación ilícita de pozos de agua y la compra de equipos de alta tecnología para riego en al menos nueve municipios de la entidad, todo ello como parte de una operación de lavado de dinero del narcotráfico. El asunto fue comentado por la periodista a cuando menos tres personas hace unos días, y ninguno conoció en detalle la información que ella poseía.
Las horas previas
Horas antes de que Miroslava Breach fuera asesinada, en la colonia Las Granjas, donde está el domicilio de la periodista, la policía municipal detuvo a cuatro hombres en posesión de dos armas de fuego.
Los presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía del estado y posteriormente de la Procuraduría General de la República (PGR).
Tras el homicidio de Breach, los cuatro aprehendidos fueron interrogados en dos ocasiones, indicó el fiscal César Augusto Peniche Espejel y no se ha acreditado que tuvieran relación con el homicidio de la periodista.
Imágenes de la agresión
Miroslava Breach fue asesinada la mañana del jueves en momentos en que apresuraba a su hijo para llevarlo a la escuela. El niño terminaba de recoger sus cosas, mientras ella maniobraba para sacar de su casa la camioneta marca Renault, tipo Duster, de color vino, con placas ELJ-7132.
Tres cámaras de seguridad captaron los momentos en que Miroslava Breach fue ultimada y el vehículo que utilizaron su homicida y un cómplice. La grabación es analizada por autoridades federales y estatales en busca de datos que lleven a la identificación de los participantes en el ataque.
En la grabación se observa el momento en que de la esquina que forman las calles Río Aros y José María Mata, un hombre con sudadera oscura, la cabeza cubierta con la capucha de la misma prenda y una gorra encima de ésta, caminó hasta el vehículo de la periodista.
Ella echaba de reversa la camioneta que ya había rebasado la reja que delimita la banqueta y el domicilio; en ese momento el hombre se paró frente a la parte delantera del vehículo y disparó en dos ocasiones, luego enfiló hacia la portezuela del conductor y accionó el arma igual número de veces.
Mientras la camioneta se desplazaba por inercia hacia las casas de enfrente el homicida disparó cuatro ocasiones más: dos a la altura de la venta del copiloto y el resto por el medallón trasero.
Los hijos de Breach permanecieron en la casa y solicitaron ayuda, mientras el homicida tiraba una cartulina doblada, que llevaba bajo uno de sus brazos. Luego corrió sobre la calle José María Mata hasta Río Aros, donde lo esperaba un coche de color gris, el cual fue captado por algunas cámaras de vigilancia.
La cartulina, que fue recogida por las autoridades como parte de la investigación, tenía escrito: Por lengua suelta. Siguen allegados al gobernador y el góber. El 80.
De acuerdo con funcionarios que participan en la investigación, el crimen no duró más de minuto y medio, y la imagen del vehículo en el que escapó el asesino de Miroslava fue difundida a todas las corporaciones para tratar de ubicarlo.
Las exequias de Breach se realizarán en las próximas horas en una ceremonia privada a la que sólo se permitirá el acceso de los familiares más cercanos.
El trabajo de Miroslava
Las principales líneas de investigación están relacionadas con el trabajo de Miroslava. Ella fue muy directa, muy frontal en la denuncia de la complicidad del narcotráfico con la política en el estado. Estamos hablando de las mafias del crimen organizado y de la administración anterior. En este momento no no puedo dar una conclusión de dónde vino (el ataque), pero no vamos a descartar ninguna de estas hipótesis, afirmó el gobernador Javier Corral Jurado, en entrevista con La Jornada.
En ese contexto, el mandatario informó que las autoridades realizan una revisión de los trabajos que Breach Velducea entregó a La Jornada. Entre ellos, uno que apareció el 20 de febrero: Infiltra el crimen organizado a presidencias municipales. En él mencionó las alcaldías que estaban controladas por narcotraficantes.
Corral Jurado dijo que desde que inició su gestión, en noviembre pasado, no tuvo conocimiento de ninguna amenaza en contra de la periodista, pero luego del asesinato, sus familiares le informaron que ella se negó a denunciar que desde hace más de seis meses comenzó a recibir mensajes y llamadas amenazantes.
El gobernador mencionó también que grupos criminales que operan en el municipio de Chínipas, donde nació Miroslava Breach, mandaron decir que ya le bajara.
Por otra parte, integrantes de organizaciones sociales y de periodistas de Chihuahua realizaron una manifestación frente al palacio de gobierno del estado de Chihuahua para exigir el esclarecimiento del homicidio de la periodista y denunciar que el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, promovido por la Secretaría de Gobernación ha sido un rotundo fracaso.
Gabino Gómez, dirigente del Barzón Chihuahua y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), dijo que el gobierno federal ha abandonado a su suerte a las y los chihuahuenses. No ha respondido a los llamados continuos para hacerse presente y evitar los desalojos de varios poblados serranos, forzados por las bandas criminales. Lejos de hacer vigente el estado derecho, la Policía Federal y el Ejército brillan por su ausencia y por sus omisiones en perjuicio de la paz y la ciudadanía.
Asimismo, se señaló que el asesinato de la corresponsal de La Jornada “busca disuadir a las y los periodistas de la entidad, a seguir documentando y denunciando la operación y control del crimen organizado en varias regiones de la entidad, así como los múltiples hechos de corrupción perpetrados desde los poderes públicos.
Ni el gobierno del estado ni el gobierno federal han sido capaces de garantizar a la fecha las condiciones mínimas para el ejercicio pleno, libre y sin amenazas de la libertad de expresión en el estado. Como tampoco han podido poner un alto a las incursiones del crimen organizado en esta entidad, ni han podido acabar con el control que ejercen sobre la policía y varias dependencias, los diversos municipios, ni han podido terminar los enfrentamientos armados que ponen continuamente en peligro a la población civil.
Las organizaciones civiles exigieron que no quede impune el homicidio de Miroslava Breach y demandaron un compromiso claro, categórico, público y eficaz para esclarecer la autoría del mismo. Demandamos que se ponga en frente de la investigación al doctor Pedro Díaz, perito internacional con amplia y reconocida experiencia en la investigación de crímenes relacionados con los derechos humanos.

La Jornada

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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