La Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados acordó exhortar a la sociedad, a las autoridades federales, estatales y municipales y organizaciones civiles, a que envíen sus iniciativas y opiniones para la formulación de la Ley General de Agua o para actualizar la Ley de Aguas Nacionales, así como para formular una Ley de Agua Potable y Saneamiento.

Estas leyes jurídicas han sido señaladas reiteradamente como necesarios para ordenas y garantizar el acceso sustentable al agua para todos sus usos, de la población y de las generaciones futuras.
En su reunión ordinaria efectuada esta mañana en el Palacio legislativo de san lázaro, la Comisión que preside el Diputado Kamel Athie escuchó los pronunciamientos de varios diputados integrantes de la Comisión que hicieron notar que hace un año se aprobó la reforma del artículo 4 de la Constitución para hacer del acceso al agua potable un derecho humano y que no se ha emitido la Ley general de Agua como lo ordena uno de los artículos transitorios de aquella reforma publicada el 8 de febrero de 2012. Ello llevó a que la Comisión de Agua potable acordara lanzar un llamado a la sociedad y a los propios grupos parlamentarios y legisladores para que presenten propuestas legales encaminadas a la formulación de la citada ley general de Agua.
Adecuar el marco jurídico en materia de agua a las realidades nacionales actuales es tarea en la que debe participar toda la sociedad, con propuestas fundadas y racionales, que consideren los muy diversos aspectos e implicaciones del uso y manejo de este recurso vital, y en ello habrán de intervenir las instituciones de investigación, las universidades, y por supuesto las comisiones tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores, de recursos hidráulicos, de sistemas de riego y agua potable y saneamiento.
Al reformarse la Constitución general de la República para hacer del acceso al agua potable un derecho humano, se determinó crear una Ley General de Agua que reglamentara los distintos usos de agua para la producción agropecuaria e industrial y sobre todo para el consumo humano directo, tanto a nivel nacional como estatal y local.
Asimismo, el ordenamiento jurídico sobre el agua debe reglamentar el carácter nacional del agua mandatado por el artículo 27 de la Constitución, el derecho humano al agua reconocido ahora en el artículo 4 de la Constitución y el manejo y administración de los sistemas de agua potable y saneamiento contenido en el artículo 115 de la Constitución y otras disposiciones, cuidando al mismo tiempo la preservación del agua como parte del medio ambiente como lo ordenan diversas disposiciones constitucionales.
Las nuevas realidades de cambio climático y agotamiento gradual de los cuerpos de agua superficiales y de los mantos subterráneos del vital líquido hacen necesaria y urgente esta adecuación del marco jurídico para alcanzar un aprovechamiento sustentable, inteligente y racional del agua y recuperar el equilibrio de los acuíferos superficiales y subterráneos.
Es real e inminente el riesgo de que se agote el agua en varias regiones que recienten la sequía, a la vez que se suceden mayores desastres por inundaciones en las zonas del sureste con lluvias torrenciales concentradas en unos meses del año.
El excesivo consumo de agua por habitante y el riego agrícola de desperdicio deben corregirse con una nueva cultura del agua que haga que cada habitante cuide al máximo el vital líquido, pero también mediante un ordenamiento jurídico más fuerte que armonice los distintos usos del agua y garantice el aprovechamiento sustentable de este recursos que, en pocos años, dejó de ser abundante y renovable para volverse un bien escaso, en riesgo de agotamiento y sujeto a regulación.