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Busca ONU regular comercio global de armas

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Las negociaciones del Tratado de Comercio de Armas iniciaron hoy en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el acuerdo  busca ser legalmente vinculante y  podría resultar clave para impedir la transferencia de armamento a países con graves violaciones a los derechos humanos.

Un poco más de 100 países buscarán promover el acuerdo que intenta fijar reglas claras y acordes con los estándares humanitarios internacionales con el objetivo de abatir la violencia producida por el comercio no regulado de armamento ligero en el mundo.

A finales de 2010, un estimado de 27.5 millones de personas vivían desplazadas internamente por conflictos entre facciones armadas, de acuerdo con la ONU.

En promedio, una persona muere cada minuto en el mundo a consecuencia de un arma ligera, además de que miles son abusadas y heridas de manera cotidiana.

“Debemos actuar ahora para terminar con el enorme sufrimiento humano causado por el comercio internacional no regulado de armas”, indicó Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, al inaugurar las negociaciones.

El titular de la ONU urgió a los países que participan en las conversaciones a que se comprometan a un acuerdo legalmente vinculante para finales de mes, cuando terminen las negociaciones.

De acuerdo con el grupo de ONG, el comercio de armas convencionales tiene un valor anual de 60 mil millones de dólares anuales, y no solo alimenta la violencia, sino que promueve la corrupción y debilita el desarrollo social.

Los organismos han subrayado que la mayoría de los gobiernos quieren un tratado fuerte, pero que países como Estados Unidos, China, Siria y Egipto se oponen a la regulación de municiones, y naciones del Medio Oriente rechazan el componente de respeto a los derechos humanos.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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