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México

Buscan castigar con 12 años de cárcel el mal uso de drones

Comisiones del Senado analizan una reforma para regular el uso de drones en el país y se contemplan sanciones penales de hasta 12 años de prisión a quienes los utilicen con fines delictivos.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verónica Martínez Espinoza, destacó que la reforma que impulsa plantea sancionar hasta con 12 años de cárcel a quien utilice drones con la finalidad de delinquir o afectar el derecho a la privacidad de las personas.

Si no se cuenta con una regulación jurídica para los equipos aéreos no tripulados y controlados a distancia, estos aparatos serán utilizados por la delincuencia organizada para realizar conductas ilícitas que vulneren el patrimonio y la privacidad de la ciudadanía», indicó la legisladora.

Propone imponer de cinco a ocho años de prisión y de 400 a mil 500 unidades de cuenta de multa a aquellas personas que utilicen drones para transportar estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales considerados como narcóticos.

Martinez Espinoza, en entrevista, dijo que plantea que a las personas físicas o morales que usen esta tecnología para participar en delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, se le imponga una pena de seis meses a 12 años de prisión, y de 400 a mil 200 unidades de cuenta de multa.

La reforma prevé castigar con seis meses a dos años de prisión a aquellas personas que utilicen drones para ingresar a alguna propiedad privada y que esta pena se incremente a seis años de cárcel cuando se usen drones para obtener videograbaciones, fotografías y grabaciones de audio.

La iniciativa que busca reformar el Código Penal Federal se envió a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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