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México

Buscan castigar con 12 años de cárcel el mal uso de drones

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Comisiones del Senado analizan una reforma para regular el uso de drones en el país y se contemplan sanciones penales de hasta 12 años de prisión a quienes los utilicen con fines delictivos.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verónica Martínez Espinoza, destacó que la reforma que impulsa plantea sancionar hasta con 12 años de cárcel a quien utilice drones con la finalidad de delinquir o afectar el derecho a la privacidad de las personas.

Si no se cuenta con una regulación jurídica para los equipos aéreos no tripulados y controlados a distancia, estos aparatos serán utilizados por la delincuencia organizada para realizar conductas ilícitas que vulneren el patrimonio y la privacidad de la ciudadanía», indicó la legisladora.

Propone imponer de cinco a ocho años de prisión y de 400 a mil 500 unidades de cuenta de multa a aquellas personas que utilicen drones para transportar estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales considerados como narcóticos.

Martinez Espinoza, en entrevista, dijo que plantea que a las personas físicas o morales que usen esta tecnología para participar en delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, se le imponga una pena de seis meses a 12 años de prisión, y de 400 a mil 200 unidades de cuenta de multa.

La reforma prevé castigar con seis meses a dos años de prisión a aquellas personas que utilicen drones para ingresar a alguna propiedad privada y que esta pena se incremente a seis años de cárcel cuando se usen drones para obtener videograbaciones, fotografías y grabaciones de audio.

La iniciativa que busca reformar el Código Penal Federal se envió a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

México

Diputados aprueban semana de asueto tras choques entre bancadas

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Tras celebrar únicamente dos días de sesiones, los integrantes de la Cámara de Diputados tendrán un periodo de asueto de siete días, luego de que la Junta de Coordinación Política avalara suspender actividades del pleno hasta el próximo 10 de febrero.

Durante las sesiones realizadas, el pleno se concentró en actos de carácter protocolario, como la instalación del Congreso General, el envío a comisiones de diversos informes institucionales y la conmemoración de la Constitución de 1917. También se presentó una ronda de iniciativas que no contempló reformas constitucionales, así como una efeméride con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

El desarrollo de los trabajos legislativos estuvo marcado por confrontaciones entre las distintas bancadas. Entre los temas que generaron mayores tensiones se encontró la tragedia del Tren Interoceánico, así como la solicitud de un minuto de silencio por víctimas en Venezuela. Esta última propuesta fue cuestionada por legisladores que pidieron que el homenaje se destinara a casos nacionales, como el de la Guardería ABC.

A lo largo de la sesión, la Mesa Directiva emitió llamados para frenar los señalamientos y reconducir el debate por las vías institucionales. Sin embargo, las diferencias entre los grupos parlamentarios persistieron y no fue posible alcanzar consensos, por lo que la jornada concluyó en medio de acusaciones cruzadas.

Al momento de clausurar los trabajos, se confirmó que el pleno reanudará actividades legislativas hasta el 10 de febrero. Durante la semana de asueto, únicamente dos comisiones continuarán sesionando, sin que se precisaran mayores detalles sobre los temas a tratar.

De esta manera, aunque el calendario legislativo no contemplaba un puente largo por la conmemoración de la Constitución, los diputados acordaron intercambiarlo por una semana completa sin sesiones ordinarias, lo que pospone la discusión de otros asuntos pendientes en la agenda legislativa.

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