En el marco de la 39ª Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente de México, Enrique Peña Nieto reconoció que la incidencia de homicidios dolosos en las entidades de la frontera norte se ha reducido en un 45 por ciento en los primeros 11 meses de 2015, en relación con ese mismo periodo en el año 2012.

Dijo que a nivel nacional la disminución de homicidios dolosos es del 22 por ciento, no obstante sobresalen los estados norteños, entre ellos Chihuahua y de forma específica Ciudad Juárez.

En este mismo comparativo, el primer mandatario del país dio a conocer que otros ilícitos también bajado a nivel nacional como el robo con violencia y en carreteras en un 24 por ciento, el secuestro un 27 por ciento y las extorsiones en un 30 por ciento.

En su participación, el gobernador César Duarte Jáquez propuso la realización de un debate para la formulación de una nueva ley: “Es verdaderamente urgente que impulsemos y contemos con una ley en contra del crimen organizado, que le permita al Gobierno Federal compartir esta responsabilidad con las entidades federativas, necesitamos en los estados tener herramientas suficientemente fuertes para resolver los conflictos cuando se trate de delincuencia organizada”, declaró.

El jefe del Ejecutivo en Chihuahua indicó que es preciso abrir un debate nacional para la creación de esta ley: “Tenemos conocimiento de al menos de tres proyectos importantes en ese sentido, otro por parte de la Procuraduría General de la República, uno más de organizaciones no gubernamentales como ´México S. O. S.´ en la cual han participado operadores del sistema de justicia de Chihuahua y uno más que propuso la actual procuradora de Justicia, Arely Gómez González, cuando era senadora de la República”.

Puntualizó que en la creación de este nuevo marco jurídico, es prioritario diferenciar entre quienes son delincuentes y a eso se dedican, de las personas que por alguna razón o circunstancia de la vida se ven inmersos en un proceso penal: “Esta distinción debe lograrse a favor tanto de los derechos humanos de los procesados y de las garantías de las víctimas del proceso”, dijo.

Compartió que en Chihuahua en 2007 se inició un nuevo sistema de justicia penal oral que ha dado extraordinarios resultados, porque se entendió la necesidad de la gente de acceder a una mejor justicia y desde entonces se ha continuado con diversas acciones para robustecer institucionalmente un sistema.

“Reconocemos en un sistema oral adversarial a un sistema profundamente humano y que defiende las garantías individuales de quienes están inmersos dentro de un proceso judicial, reconocemos y defendemos los derechos humanos, atendemos a la necesidad de apegarnos a las garantías individuales al resolver los procesos, en los cuales también se defiende a las víctimas, que son atendidas desde distintas esferas”, aseveró el gobernador.

Duarte Jáquez explicó que en Chihuahua se realizaron más de 200 reformas a los códigos de procesos panales, para que los jueces tuvieran una ley que aplicar y que fuera verdaderamente dura en contra de quienes cometen delitos y a favor de las víctimas y exteriorizó que lo anterior permite contar con una ley suficientemente garantista para mantener un proceso oral de acuerdo a lo que establecen los estándares internacionales.

Añadió que gracias al impulso del presidente de la República, en seis meses quedará integrado el sistema penal en todo el país, porque a partir del 18 de junio de 2016 los mexicanos contarán con un esquema de justicia mucho más eficaz, más cercano a la gente y que defenderá los derechos humanos.