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México

Buscan a otra estudiante desaparecida en Puebla; no llegó a clases

Mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla recaba las pruebas complementarias en los juicios por los feminicidios de Mara Fernanda Castilla Miranda y Nazaria Iraís Simón Aguilar, los más recientes ocurridos en el estado y que tienen a cuatro varones vinculados a proceso, trascendió la desaparición de otra estudiante.

María Fernanda Cancino Caballero salió de su casa el pasado lunes rumbo a la Escuela de Estilismo y Diseño de Imagen Trozmer. Eran las 7 de la mañana. Fue vista por última vez en la Recta a Cholula, a la altura de Momoxpan, comunidad del municipio de San Pedro Cholula.
La joven de 21 años de edad no llegó a clases de estilismo y tiene más de 48 horas desaparecida, por lo que empezó a difundirse información en redes sociales para pedir ayuda de la gente para su localización.

A la par de esta campaña en redes sociales, los familiares de María Fernanda interpusieron el pasado martes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia por desaparición de persona.

Al momento de su desaparición, María Fernanda vestía un pantalón de mezclilla claro, tenis blancos, una blusa color vino y una chamarra negra, de acuerdo con sus parientes, quienes difundieron una fotografía con su media filiación.

En tanto, en el caso de Mara Fernanda, el abogado defensor Francisco Tlahuicole reveló que ha promovido dos amparos indirectos a favor de su cliente Ricardo Alexis, quien era conductor de la unidad de Cabify, la cual habría usado para trasladar a la mujer de 19 años de edad a un motel, para abusar de ella y después asesinarla.

De acuerdo con sus datos, el primer recurso tiene relación con las amenazas recibidas en el penal de esta capital, donde le exigían 100 mil pesos a cambio de protección, por lo que el Ministerio Público Federal inició una investigación sobre el tema.

El otro juicio de garantías tiene relación con la aseveración de que era imposible legalmente sumar dos delitos en un sólo proceso penal, según lo definido por la Constitución Mexicana, refirió.

Cabe recordar que el juez de Control, Aarón Hernández Chino, concedió a la FGE cuatro meses para recabar las pruebas complementarias y definir la responsabilidad del varón de 21 años, en un plazo máximo de dos años.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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