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Buscan que créditos de vivienda se entreguen directamente a trabajadores

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La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados tiene listo el dictamen que discutirán este martes 13 sus integrantes para aprobar la iniciativa que hizo llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador con la que se reforman disposiciones de ley del Infonavit y el Fovissste, permitiéndole a los trabajadores recibir directamente y sin intermediarios los créditos de vivienda, así como fomentar la autoconstrucción.

El documento fue entregado el jueves pasado y turnado de inmediato por la Mesa Directiva para su análisis a la Comisión de Vivienda, la cual determinó el sentido positivo a la propuesta que modificará la Ley del Infonavit para que en su artículo 41 se disponga que “el trabajador o derechohabiente tendrá el derecho de elegir la vivienda nueva o usada con las características de su preferencia, o el suelo que sea destinado para construcción, reparación o ampliación de vivienda a los que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda, así como recibir directamente y sin intermediarios el crédito mencionado”.

La diferencia estriba en que, en la actualidad, el instituto otorga el crédito a la entidad inmobiliaria o propietario que vende la vivienda al trabajador.

“Al agregar específicamente el derecho de recibir el monto del crédito sin intermediarios, el trabajador podrá elegir de qué manera utilizar su crédito en ejercicio de su autonomía como persona y su capacidad de ejercicio como ciudadano, al disponer de manera directa de esos recursos para erogarlos en la adquisición, construcción, ampliación o reparación de vivienda, así como la adquisición de terrenos destinados a vivienda, además de que reducirá los trámites que al efecto tenga que realizar el beneficiario pues ya no se encontraría obligado a actuar a través de un intermediario”, se subraya en los considerandos del dictamen.

Se señala, además, que los créditos podrán destinarse para la adquisición en propiedad de habitaciones o suelo que sea destinado a la construcción de vivienda; para la construcción o autoproducción de vivienda en suelo que sea de su propiedad.

También para la reparación, ampliación o mejoras de habitaciones, así como al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores, y al refinanciamiento de un crédito ya adquirido con alguna otra institución financiera.

Adicionalmente, se establece que el trabajador o derechohabiente tendrá derecho a recibir créditos subsecuentes, siempre y cuando liquide efectivamente el anterior.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (NIGH)23, en 2010 el parque habitacional era de 28.5 millones de viviendas particulares habitadas, de las cuales, 20.3 millones (71.2%) eran propias o estaban siendo pagadas por los propietarios.

De las viviendas propias 7.3 millones de sus propietarios (36.1%) las mandaron construir; 6.8 millones (33.4% las construyeron ellos mismos; y 5.3 millones (25.9%) compró la vivienda construida, y el resto fue obtenido por los propietarios de otro modo.

Con estas cifras, se remarca que más del 50 por ciento de la población en México, prefiere construir su propia casa: con las dimensiones que realmente necesita, a comprar casas de interés social con el mínimo de metraje.

La Comisión de Vivienda tiene mayoría de diputados de Morena (20 de los 40 que la integran) por lo que se anticipa que este martes se votará a favor y se turnará a la Mesa Directiva para su análisis y posterior turno a discusión en el pleno.

Fuente: Excelsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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