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Buscó asilo en Estados Unidos y terminó con el narco

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Manuel fue obligado a arreglar vehículos para el narco. Durante varias semanas a finales de 2019 fue conducido diariamente a un punto del estado de Tamaulipas donde se acumulaban los coches blindados con agujeros de bala y dobles fondos en los que transportar armas y drogas.

“Trabajaba 15, 16 horas al día. No me pagaban un peso, decían que mi pago era la seguridad, me hacían psicoterror”, explica, ya lejos de quienes fueron sus captores.

Manuel no se llama Manuel, pero no quiere dar su verdadero nombre. Está en un punto de la frontera que tampoco quiere identificar y lleva más de un año esperando que una corte de Estados Unidos analice su caso de asilo por última vez. Huyó de la inseguridad de Venezuela y se encontró con más peligro en México. Él es uno de los más de 70 mil solicitantes de refugio afectados por el denominado “Programa de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés, o “Quédate en México”) que desde enero de 2019 obliga a quienes pidieron protección en Estados Unidos a regresar al norte de México a esperar sus citas con el juez.

Solos y vulnerables, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños o venezolanos quedaron expuestos en un territorio que no conocen y en el que el crimen organizado impone sus reglas. La decisión del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de poner fin a este programa es una esperanza para miles de ellos, que todavía aguardan en ciudades como Tijuana, Baja California; Juárez, Cihuahua; o Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las cortes están cerradas desde marzo de 2020 debido a las medidas para prevenir el contagio de COVID-19, así que lo que iban a ser meses de espera se convirtió en una condena sin fecha de cierre. Pero esta decisión, que viene en paralelo con los 100 días sin deportaciones o el fin de la construcción del muro fronterizo, les da ilusiones.

“Me marché porque la situación era insostenible. Participé en algunas marchas contra el gobierno, pero quien de verdad era activista era mi esposa”, dice Manuel. Residía Venezuela y asegura que sus condiciones de vida se habían degradado. Por un lado, las carencias materiales. Por otro, las amenazas de personas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro. Nunca pudo imaginar cuando dejó su país que dos meses después estaría arreglando los desperfectos de un coche blindado perteneciente a una organización criminal. Su intento por escapar de la inestabilidad y la violencia le llevó al corazón del narco en México.

Cuenta Manuel que en septiembre de 2019 decidió hacer las maletas después de varios episodios de amenaza violenta. Compró un billete para Ciudad de México, pero en la escala de Cancún, Quintana Roo, lo devolvieron a Bogotá. En su segundo intento logró su objetivo de alcanzar la capital. De ahí, directo a Tamaulipas, donde cruzó la frontera tratando de alcanzar Estados Unidos.

“Fue una locura. Entiendo la cantidad de gente que se ahoga. Si lo llego a saber no hubiese cruzado así”, explica.

Una vez en EU, cuenta Manuel que se entregó a la Policía Fronteriza, que lo llevó a unas carpas ubicadas en Donna, Texas. Ahí lo entrevistaron y lo incluyeron en el programa “Quédate en México” que obliga a gente como Manuel, hombres y mujeres vulnerables que huyen de la violencia, a quedar abandonados en lugares violentos y donde no conocen a nadie.

Sus compañeros de cautiverio, centroamericanos en su mayoría, le advirtieron: “me decían que cuando pusiese un pie en México me secuestrarían”.

Cuando fue empujado a México la casualidad le llevó a un hotel. Y allí, al intentar conseguir trabajo, se metió en la boca del lobo. Pero no sabía cómo huir. Nadie le protegía. Así que aguantó durante semanas trabajando de sol a sol en un taller de uno de los carteles que operan en Tamaulipas. Hasta que a finales de noviembre, aprovechando que tenía su primera cita en Estados Unidos, aprovechó para escapar.

Manuel fio todo a que su proceso de asilo saliese bien. Y logró llegar hasta la tercera audiencia, la definitiva. El 31 de marzo era el día en el que, confiaba, un juez le permitiría quedarse en EU bajo protección. Pero diez días antes de aquella cita las fronteras se cerraron por la pandemia de COVID-19. Y las audiencias se suspendieron. Y personas como Manuel quedaron abandonadas en un territorio hostil, temerosas de que los criminales para los que tuvo que trabajar volviesen a encontrarlo.

Desesperado, Manuel volvió a intentarlo en septiembre de 2020. Cruzó nuevamente el Río Bravo y volvió a ser interceptado por agentes estadounidenses. Les explicó su situación, les dijo que tenía miedo, les suplicó que no le obligasen a regresar a México.

No le hicieron caso.

El anuncio de Joe Biden de que suspenderá el programa le da esperanzas. “Confío en que abran y podamos seguir nuestro proceso en Estados Unidos. Yo ya he sufrido demasiado”, asegura.

Fuente: Animal Político

Chihuahua

Maru Campos encabeza reunión semanal de la Mesa de Seguridad

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La gobernadora Maru Campos encabezó la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, en la que autoridades revisaron los avances en materia de atención integral a víctimas, protección a mujeres y estrategias de prevención del delito.

Durante la sesión, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia presentó un reporte sobre la incidencia de delitos, y los avances que tiene en las acciones de prevención e investigación.

Informó que al momento hay 250 generadores de violencia que cumplen con una condena, se ha atendido a 3 mil 679 mujeres con 30 mil servicios en materia psicológica y jurídica. Por su parte, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres brindó 8 mil 630 servicios.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer resultados de las intervenciones realizadas en la comunidad de Yoquivo, municipio de Ocampo, donde diversas dependencias estatales llevaron a cabo acciones de atención comunitaria, prevención del delito y búsqueda de personas.

También se brindaron servicios médicos, orientación jurídica, atención a víctimas, entrega de apoyos y actividades de sensibilización para promover la denuncia y el ejercicio de los derechos de la población.

Se efectuaron recorridos preventivos en caminos y comunidades de la región, para fortalecer la presencia institucional y mantener el monitoreo en zonas que registraron hechos relacionados con el delito de trata de personas.

La intervención fue realizada por la Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía Especializada en Violación a Derechos Humanos, Comisión de Búsqueda y Desaparición Forzada, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y Secretaría de Salud.

De acuerdo con el informe, la comunidad expresó estabilidad en el tema de seguridad y manifestó su deseo de que haya más intervenciones conjuntas.

En la asamblea estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz y en representación de la Fiscalía General de la Republica, Andrea Guzmán.

También asistió el comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila y la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez.

Participó además, Ana Murga, encargada de despacho de la FEM; Raquel Bravo, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y Norma Ledezma, comisionada ejecutiva de atención a víctimas.

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