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Cae auditora del SAT y cómplices por pedir 4.5 MDP a contribuyente

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Por el delito de cohecho, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a una auditora del Servicio de Administración Tributaria (SAT) junto con otra ex trabajadora del órgano recaudador de impuestos y un presunto cómplice.

La detención se logró tras una investigación que se hizo luego de una denuncia ciudadana que recibió el SAT.

El brazo fiscal de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los tres detenidos fueron vinculados a proceso penal por un juez federal por la comisión del delito de cohecho con la agravante de haberlo realizado en pandilla.

Una de las detenidas, que se desempeñaba como auditora en la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal en Xalapa, y otra, que era exfuncionaria del SAT, pidieron a un contribuyente 4.5 millones de pesos a cambio de no aplicar procedimientos sancionatorios, durante una visita domiciliaria.

De acuerdo con el SAT, el delito de cohecho es cuando un servidor público solicita o reciba ilícitamente dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.

Se sanciona hasta con 14 años de prisión, destitución e inhabilitación del cargo y hasta 150 días de multa. Esta pena se aumenta hasta en una mitad cuando, como en este caso, el ilícito es realizado en pandilla.

El respecto, el SAT reiteró su compromiso de cero tolerancia ante acciones como estas de sus empleados, con lo cual se combatirá la corrupción.

Invitó a los contribuyentes y ciudadanía en general a presentar una denuncia sobre cualquier acto que pueda considerarse como un abuso o acto ilícito cometido por servidores públicos del SAT, mandando un mensaje por correo electrónico a [email protected] o también vía telefónica (55) 8852 2222.

Fuente: El Informador

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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