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Cae auditora del SAT y cómplices por pedir 4.5 MDP a contribuyente

Published

hace 8 años

Jul 14, 2018

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Por el delito de cohecho, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a una auditora del Servicio de Administración Tributaria (SAT) junto con otra ex trabajadora del órgano recaudador de impuestos y un presunto cómplice.

La detención se logró tras una investigación que se hizo luego de una denuncia ciudadana que recibió el SAT.

El brazo fiscal de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los tres detenidos fueron vinculados a proceso penal por un juez federal por la comisión del delito de cohecho con la agravante de haberlo realizado en pandilla.

Una de las detenidas, que se desempeñaba como auditora en la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal en Xalapa, y otra, que era exfuncionaria del SAT, pidieron a un contribuyente 4.5 millones de pesos a cambio de no aplicar procedimientos sancionatorios, durante una visita domiciliaria.

De acuerdo con el SAT, el delito de cohecho es cuando un servidor público solicita o reciba ilícitamente dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.

Se sanciona hasta con 14 años de prisión, destitución e inhabilitación del cargo y hasta 150 días de multa. Esta pena se aumenta hasta en una mitad cuando, como en este caso, el ilícito es realizado en pandilla.

El respecto, el SAT reiteró su compromiso de cero tolerancia ante acciones como estas de sus empleados, con lo cual se combatirá la corrupción.

Invitó a los contribuyentes y ciudadanía en general a presentar una denuncia sobre cualquier acto que pueda considerarse como un abuso o acto ilícito cometido por servidores públicos del SAT, mandando un mensaje por correo electrónico a [email protected] o también vía telefónica (55) 8852 2222.

Fuente: El Informador

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Sheinbaum se reúne con la gobernadora general de Canadá y dialogan sobre pueblos indígenas

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este martes en Palacio Nacional a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, quien tiene carácter de jefa de Estado, como parte de una visita oficial al país enfocada, principalmente, en el diálogo sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La mandataria mexicana dio la bienvenida a Simon por la entrada destinada a jefes de Estado y la condujo al patio central de Palacio Nacional, donde se realizó la ceremonia oficial de recepción. Durante el acto protocolario se interpretaron los himnos nacionales de México y Canadá.

Horas antes del encuentro, Sheinbaum destacó que Mary Simon es la primera persona indígena en ocupar el cargo de gobernadora general de Canadá. Señaló que la visita tenía como propósito central el intercambio de experiencias y puntos de vista en torno a los derechos de los pueblos originarios.

Tras la ceremonia, ambas se trasladaron a las oficinas presidenciales para sostener una reunión privada, incluida en la agenda bilateral programada durante la estancia de la funcionaria canadiense en México.

La visita se desarrolla en un contexto de cooperación estrecha entre México y Canadá, países que mantienen una relación estratégica en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como en distintos foros multilaterales y en temas de colaboración política, social y económica. En septiembre pasado, Sheinbaum también recibió en Palacio Nacional al primer ministro canadiense, Mark Carney.

El encuentro ocurre mientras los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá comienzan a delinear los temas que podrían revisarse dentro del acuerdo comercial, en un escenario marcado por tensiones relacionadas con medidas arancelarias, reglas de origen, políticas energéticas y estrategias de relocalización de cadenas productivas, conocidas como nearshoring.

En este contexto, el presidente estadounidense Donald Trump declaró recientemente que no consideraba relevante el tratado comercial con México y Canadá. El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020, en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El acuerdo deberá ser revisado por los tres países en 2026 y cuenta con el respaldo expreso de México y Canadá, frente a las reservas manifestadas desde Washington.

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