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Cae candidato presidencial de Guatemala por narcotráfico

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Las autoridades de Estados Unidos arrestaron hoy al candidato a presidencial guatemalteco Mario Estrada Orellana, quien fue acusado este mismo miércoles en una corte federal de Nueva York de conspirar para importar cocaína.

Estrada, del partido Unión del Cambio Nacional (UCN, derecha), fue arrestado en Miami (Florida) y también fue acusado, junto a Juan Pablo González Mayorga, de conspirar para usar y poseer fusiles. De resultar culpables enfrentan una condena de entre diez años hasta cadena perpetua, señaló la Fiscalía del distrito sur de Manhattan en un comunicado.

De acuerdo con el texto, desde diciembre del 2018 la agencia antidrogas de EU (DEA) ha estado investigando a varios individuos por intentar solicitar dinero de carteles de la droga para apoyar la campaña presidencial de Estrada.

Indica además que durante algunas de estas negociaciones, que se realizaron en Guatemala y Florida este año, miembros de ese grupo, incluyendo a Estrada, de 58 años, y a González, de 50, interactuaron con supuestos miembros y asociados del Cartel de Sinaloa, una poderosa organización internacional de tráfico de drogas de México, que eran fuentes confidenciales de la DEA.

Durante el curso de estas reuniones y otras comunicaciones, algunas de las cuales fueron grabadas en vídeo y audio, Estrada y González presuntamente pidieron millones de dólares al Cartel de Sinaloa, procedentes de la venta de drogas, para apoyar la campaña presidencial.

A cambio, se alega, acordaron que si Estrada ganaba las elecciones presidenciales de Guatemala, que tendrán lugar en junio, le proveería respaldo del Estado para las actividades de tráfico de drogas del cartel mexicano.

La Fiscalía asegura que los acusados acordaron proveer al cartel de Sinaloa acceso sin restricciones a aeropuertos y puertos marítimos en Guatemala para que pudieran transportar cocaína a través del país y por último a EU.

Igualmente, señala que Estrada ofreció presuntamente nombrar a miembros del cartel mexicano en posiciones de alto nivel en el Gobierno de Guatemala para impulsar las actividades del tráfico de droga de esa organización.

En particular, González habría asegurado a uno de los informantes que el cartel tendría influencia directa en los nombramientos de la secretaría de Interior, que supervisa a la Policía y la Defensa que tiene bajo su jurisdicción lo militar.

Incluso, afirman además que Estrada y González pidieron a los informantes de la DEA que contrataran sicarios para asesinar a los rivales políticos y asegurar así que Estrada fuera electo presidente de Guatemala, indica el comunicado.

Estrada y González identificaron a sus objetivos con nombres y acordaron proveer a los sicarios con armas de fuego, incluidos fusiles AK-47 para llevar a cabo los asesinatos.

Guatemala integra junto a Honduras y El Salvador el llamado Triángulo Norte centroamericano, considerado una de las zonas más violentas del mundo tanto por el aumento del narcotráfico y la presencia de aliados de los carteles mexicanos, como por la debilidad de las instituciones estatales.

El próximo 16 de junio, Guatemala elegirá a su futuro presidente y vicepresidente, en unos comicios que también suponen decidir por 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y diputados para el Parlamento Centroamericano.

Estas elecciones serán las novenas de la era democrática que se instauró en Guatemala en 1986 con la llegada al poder del democratacristiano Vinicio Cerezo tras varias décadas de regímenes militares que se sucedieron en el poder mediante golpes de Estado y fraudes electorales.

Desde entonces, siete civiles han estado en el poder, pero en 2012 llegó a la Presidencia el general retirado Otto Pérez Molina, quien renunció en el año 2015 tras ser denunciado por corrupción y en la actualidad está preso junto a su vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Excelsior

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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