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Cae candidato presidencial de Guatemala por narcotráfico

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Las autoridades de Estados Unidos arrestaron hoy al candidato a presidencial guatemalteco Mario Estrada Orellana, quien fue acusado este mismo miércoles en una corte federal de Nueva York de conspirar para importar cocaína.

Estrada, del partido Unión del Cambio Nacional (UCN, derecha), fue arrestado en Miami (Florida) y también fue acusado, junto a Juan Pablo González Mayorga, de conspirar para usar y poseer fusiles. De resultar culpables enfrentan una condena de entre diez años hasta cadena perpetua, señaló la Fiscalía del distrito sur de Manhattan en un comunicado.

De acuerdo con el texto, desde diciembre del 2018 la agencia antidrogas de EU (DEA) ha estado investigando a varios individuos por intentar solicitar dinero de carteles de la droga para apoyar la campaña presidencial de Estrada.

Indica además que durante algunas de estas negociaciones, que se realizaron en Guatemala y Florida este año, miembros de ese grupo, incluyendo a Estrada, de 58 años, y a González, de 50, interactuaron con supuestos miembros y asociados del Cartel de Sinaloa, una poderosa organización internacional de tráfico de drogas de México, que eran fuentes confidenciales de la DEA.

Durante el curso de estas reuniones y otras comunicaciones, algunas de las cuales fueron grabadas en vídeo y audio, Estrada y González presuntamente pidieron millones de dólares al Cartel de Sinaloa, procedentes de la venta de drogas, para apoyar la campaña presidencial.

A cambio, se alega, acordaron que si Estrada ganaba las elecciones presidenciales de Guatemala, que tendrán lugar en junio, le proveería respaldo del Estado para las actividades de tráfico de drogas del cartel mexicano.

La Fiscalía asegura que los acusados acordaron proveer al cartel de Sinaloa acceso sin restricciones a aeropuertos y puertos marítimos en Guatemala para que pudieran transportar cocaína a través del país y por último a EU.

Igualmente, señala que Estrada ofreció presuntamente nombrar a miembros del cartel mexicano en posiciones de alto nivel en el Gobierno de Guatemala para impulsar las actividades del tráfico de droga de esa organización.

En particular, González habría asegurado a uno de los informantes que el cartel tendría influencia directa en los nombramientos de la secretaría de Interior, que supervisa a la Policía y la Defensa que tiene bajo su jurisdicción lo militar.

Incluso, afirman además que Estrada y González pidieron a los informantes de la DEA que contrataran sicarios para asesinar a los rivales políticos y asegurar así que Estrada fuera electo presidente de Guatemala, indica el comunicado.

Estrada y González identificaron a sus objetivos con nombres y acordaron proveer a los sicarios con armas de fuego, incluidos fusiles AK-47 para llevar a cabo los asesinatos.

Guatemala integra junto a Honduras y El Salvador el llamado Triángulo Norte centroamericano, considerado una de las zonas más violentas del mundo tanto por el aumento del narcotráfico y la presencia de aliados de los carteles mexicanos, como por la debilidad de las instituciones estatales.

El próximo 16 de junio, Guatemala elegirá a su futuro presidente y vicepresidente, en unos comicios que también suponen decidir por 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y diputados para el Parlamento Centroamericano.

Estas elecciones serán las novenas de la era democrática que se instauró en Guatemala en 1986 con la llegada al poder del democratacristiano Vinicio Cerezo tras varias décadas de regímenes militares que se sucedieron en el poder mediante golpes de Estado y fraudes electorales.

Desde entonces, siete civiles han estado en el poder, pero en 2012 llegó a la Presidencia el general retirado Otto Pérez Molina, quien renunció en el año 2015 tras ser denunciado por corrupción y en la actualidad está preso junto a su vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Excelsior

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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