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México

Cae el R7, jefe de sicarios de “La Línea”

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de Rubén “H” persona conocida como El R7, presunto integrante de la agrupación delictiva La Línea, por su probable participación en delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y daños realizados en Bavispe.

El procesado también es conocido como Calva y se le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 1, en Durango, y se fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria.

Cabe recordar que el 4 de noviembre de 2019, en una zona de la Sierra Madre Occidental en las inmediaciones de la comunidad de La Mora, municipio de Bavispe, en el extremo noreste del estado de Sonora, en los límites con Chihuahua, un grupo armado, ligado a La Línea del Cártel de Juárez, disparó desde una camioneta a tres vehículos donde viajaban tres mujeres con 14 menores de edad.

En el ataque fallecieron las tres mujeres identificadas como Rhonita Miller (30 años); Christina Langford (29 años) y Dwana Langford (43 años), así como seis niños: Howard Jacob (12 años); Trevor Harvey (11 años); Krystal Bellaine (10 años); Rogan (2 años); Titus Alvin y Tiana Gricel (ambos de ocho meses de edad).

Los sobrevivientes tuvieron que caminar un tramo de 15 kilómetros aproximadamente para llegar a su comunidad, ubicada en Bavispe, Sonora. Presuntamente, el ataque fue producto de un enfrentamiento entre La Línea y una de las células del Cártel de Sinaloa: Los Salazar.

Todas las víctimas eran miembros de la familia LeBarón, personas mormonas que contaban tanto con nacionalidad mexicana como estadounidense. Al día de hoy, hay más de 30 detenidos relacionados por su presunta responsabilidad en la masacre.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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