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Cae funcionario de FGR por caso Ayotzinapa; Interpol va por Tomás Zerón

Ezequiel Peña Cerda, director de Área de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), fue detenido la tarde del pasado martes 17 de marzo en la Ciudad de México.

El director de Área de la Agencia de Investigación Criminal, presuntamente, está implicado en el caso Ayotzinapa, cuando fungía como policía ministerial federal.

La FGR cumplimento una orden de aprehensión en su contra, pues está acusado de torturar a un mando, supuestamente responsable de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Después de su detención, se le realizaron estudios médicos y se le traslado al Juzgado Noveno de Distrito, ubicado en el estado de Guerrero, órgano jurisdiccional que giró la orden de aprehensión.

La Fiscalía General de la República obtuvo de un juez federal la emisión de dos órdenes de aprehensión en contra del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y del exdirector operativo de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, a quienes se les imputan los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia.

Las ordenes de aprensión fueron giradas el pasado 10 de marzo derivas de las nuevas indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

El pasado 12 de marzo, la Interpol emitió una ficha roja para la localización de ambos exfuncionarios y, de acuerdo con los registros migratorios, la última localización de Tomás Zerón de Lucio fue en Canadá, donde ingresó desde octubre de 2019.

Cabe recordar que en octubre del año 2014, Tomás Zerón, acompañado de personal de la AIC, arribó a Iguala, Guerrero, a bordo de cinco helicópteros donde peritos en criminalística, fotografía y química forense iniciaron las primeras diligencias para la identificación de los cuerpos encontrados en fosas en la entidad.

Fuente: Uno TV

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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