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Cae funcionario de FGR por caso Ayotzinapa; Interpol va por Tomás Zerón

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Ezequiel Peña Cerda, director de Área de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), fue detenido la tarde del pasado martes 17 de marzo en la Ciudad de México.

El director de Área de la Agencia de Investigación Criminal, presuntamente, está implicado en el caso Ayotzinapa, cuando fungía como policía ministerial federal.

La FGR cumplimento una orden de aprehensión en su contra, pues está acusado de torturar a un mando, supuestamente responsable de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Después de su detención, se le realizaron estudios médicos y se le traslado al Juzgado Noveno de Distrito, ubicado en el estado de Guerrero, órgano jurisdiccional que giró la orden de aprehensión.

La Fiscalía General de la República obtuvo de un juez federal la emisión de dos órdenes de aprehensión en contra del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y del exdirector operativo de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, a quienes se les imputan los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia.

Las ordenes de aprensión fueron giradas el pasado 10 de marzo derivas de las nuevas indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

El pasado 12 de marzo, la Interpol emitió una ficha roja para la localización de ambos exfuncionarios y, de acuerdo con los registros migratorios, la última localización de Tomás Zerón de Lucio fue en Canadá, donde ingresó desde octubre de 2019.

Cabe recordar que en octubre del año 2014, Tomás Zerón, acompañado de personal de la AIC, arribó a Iguala, Guerrero, a bordo de cinco helicópteros donde peritos en criminalística, fotografía y química forense iniciaron las primeras diligencias para la identificación de los cuerpos encontrados en fosas en la entidad.

Fuente: Uno TV

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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