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Cámara de Comercio Hispana le declara la guerra al etiquetado claro de productos

Las nuevas reglamentaciones en materia de alimentos chatarra, como el etiquetado frontal y la prohibición de venta de esos productos a menores, generaron la molestia de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC). El gremio empresarial fronterizo alertó que estas modificaciones impactarán la industria que representan, así como la ejecución del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Estas iniciativas perjudican la confianza de inversión en México y otros mercados latinoamericanos. Al mismo tiempo, contravienen el espíritu del T-MEC”, anunció la organización de comercio estadounidense en un comunicado. Además se dijeron preocupados pues “estas nuevas leyes podrían afectar el comercio entre Estados Unidos y México e impactar a nuestros miembros colectivos en ambos lados de la frontera“.

La Cámara estadounidense, que aglutina a más de 4.7 millones de empresas, aseguró que estas iniciativas afectan la confianza de inversión en el país como en otros mercados latinoamericanos. Denunció que la decisión de Gobiernos estatales, como los de Oaxaca y Tabasco de prohibir la comercialización de alimentos chatarra y bebidas azucaradas en escuelas a menores de edad, paraliza estímulos económicos para la comunidad empresarial en el país.

“La comunidad empresarial ya ha sido fuertemente afectada por la COVID-19. Este tipo de legislación dañará a nuestros miembros empresariales y a sus respectivos socios que operan internacionalmente”, sostuvo la USHCC, por lo que llamó a la colaboración entre funcionarios de Gobierno, a través de la Secretaría de Salud y de Economía, para “salvaguardar el libre flujo de comercio y el comercio binacional creado a través de la reciente implementación del T-MEC”.

Ramiro Cavazos, director de la USHCC, aseguró que el sector del comercio debe recibir impulsos para lograr sacar el mayor provecho a las nuevas reglamentaciones que el T-MEC ofrece. “Necesitamos trabajar juntos para promover políticas que brinden fluidez y alienten el comercio y la creación de empleo. Este tipo de legislación dañará a nuestros miembros empresariales y a sus respectivos socios que operan internacionalmente”, destacó el documento.

“A medida que avanzamos en la economía global en medio de la COVID-19, necesitamos trabajar juntos para promover políticas que brinden fluidez y alienten el comercio, la creación de empleo y que permitan a todas las industrias aprovechar al máximo los acuerdos comerciales como el USMCA (T-MEC)”, planteó Cavazos.

En agosto, el Congreso de Oaxaca aprobó la modificación de la Ley de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la venta de alimentos con alto contenido clórico a menores.

“El consumo de ultraprocesados y bebidas azucaradas altera el gusto desde los primeros años de vida, generando hábitos de por vida que están en el origen de la pandemia global de obesidad”. Foto: Especial

El 1 de octubre entró en vigor en México el nuevo etiquetado de alimentos procesados. La aprobación de esta legislación representó una victoria para especialistas de salud y defensores del consumidor, pero para la relación entre el Gobierno y la industria significó un aumento de tensión.

La organización estadounidense espera generar diálogo para identificar las iniciativas que puedan generar disonancia y buscar la solución de “los enormes retos de todos los países y economías durante estos tiempos”. Su dirigente explicó que la USHCC se opone a las modificaciones de ley que puedan afectar a miembros del sector empresarial y su recuperación económica, como consideran son las nuevas normas en materia de etiquetado frontal y venta de alimentos chatarra a menores.

Fuente: SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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