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Cámara de Comercio Hispana le declara la guerra al etiquetado claro de productos

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Las nuevas reglamentaciones en materia de alimentos chatarra, como el etiquetado frontal y la prohibición de venta de esos productos a menores, generaron la molestia de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC). El gremio empresarial fronterizo alertó que estas modificaciones impactarán la industria que representan, así como la ejecución del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Estas iniciativas perjudican la confianza de inversión en México y otros mercados latinoamericanos. Al mismo tiempo, contravienen el espíritu del T-MEC”, anunció la organización de comercio estadounidense en un comunicado. Además se dijeron preocupados pues “estas nuevas leyes podrían afectar el comercio entre Estados Unidos y México e impactar a nuestros miembros colectivos en ambos lados de la frontera“.

La Cámara estadounidense, que aglutina a más de 4.7 millones de empresas, aseguró que estas iniciativas afectan la confianza de inversión en el país como en otros mercados latinoamericanos. Denunció que la decisión de Gobiernos estatales, como los de Oaxaca y Tabasco de prohibir la comercialización de alimentos chatarra y bebidas azucaradas en escuelas a menores de edad, paraliza estímulos económicos para la comunidad empresarial en el país.

“La comunidad empresarial ya ha sido fuertemente afectada por la COVID-19. Este tipo de legislación dañará a nuestros miembros empresariales y a sus respectivos socios que operan internacionalmente”, sostuvo la USHCC, por lo que llamó a la colaboración entre funcionarios de Gobierno, a través de la Secretaría de Salud y de Economía, para “salvaguardar el libre flujo de comercio y el comercio binacional creado a través de la reciente implementación del T-MEC”.

Ramiro Cavazos, director de la USHCC, aseguró que el sector del comercio debe recibir impulsos para lograr sacar el mayor provecho a las nuevas reglamentaciones que el T-MEC ofrece. “Necesitamos trabajar juntos para promover políticas que brinden fluidez y alienten el comercio y la creación de empleo. Este tipo de legislación dañará a nuestros miembros empresariales y a sus respectivos socios que operan internacionalmente”, destacó el documento.

“A medida que avanzamos en la economía global en medio de la COVID-19, necesitamos trabajar juntos para promover políticas que brinden fluidez y alienten el comercio, la creación de empleo y que permitan a todas las industrias aprovechar al máximo los acuerdos comerciales como el USMCA (T-MEC)”, planteó Cavazos.

En agosto, el Congreso de Oaxaca aprobó la modificación de la Ley de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la venta de alimentos con alto contenido clórico a menores.

“El consumo de ultraprocesados y bebidas azucaradas altera el gusto desde los primeros años de vida, generando hábitos de por vida que están en el origen de la pandemia global de obesidad”. Foto: Especial

El 1 de octubre entró en vigor en México el nuevo etiquetado de alimentos procesados. La aprobación de esta legislación representó una victoria para especialistas de salud y defensores del consumidor, pero para la relación entre el Gobierno y la industria significó un aumento de tensión.

La organización estadounidense espera generar diálogo para identificar las iniciativas que puedan generar disonancia y buscar la solución de “los enormes retos de todos los países y economías durante estos tiempos”. Su dirigente explicó que la USHCC se opone a las modificaciones de ley que puedan afectar a miembros del sector empresarial y su recuperación económica, como consideran son las nuevas normas en materia de etiquetado frontal y venta de alimentos chatarra a menores.

Fuente: SinEmbargo

Chihuahua

Maru Campos encabeza reunión semanal de la Mesa de Seguridad

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La gobernadora Maru Campos encabezó la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, en la que autoridades revisaron los avances en materia de atención integral a víctimas, protección a mujeres y estrategias de prevención del delito.

Durante la sesión, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia presentó un reporte sobre la incidencia de delitos, y los avances que tiene en las acciones de prevención e investigación.

Informó que al momento hay 250 generadores de violencia que cumplen con una condena, se ha atendido a 3 mil 679 mujeres con 30 mil servicios en materia psicológica y jurídica. Por su parte, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres brindó 8 mil 630 servicios.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer resultados de las intervenciones realizadas en la comunidad de Yoquivo, municipio de Ocampo, donde diversas dependencias estatales llevaron a cabo acciones de atención comunitaria, prevención del delito y búsqueda de personas.

También se brindaron servicios médicos, orientación jurídica, atención a víctimas, entrega de apoyos y actividades de sensibilización para promover la denuncia y el ejercicio de los derechos de la población.

Se efectuaron recorridos preventivos en caminos y comunidades de la región, para fortalecer la presencia institucional y mantener el monitoreo en zonas que registraron hechos relacionados con el delito de trata de personas.

La intervención fue realizada por la Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía Especializada en Violación a Derechos Humanos, Comisión de Búsqueda y Desaparición Forzada, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y Secretaría de Salud.

De acuerdo con el informe, la comunidad expresó estabilidad en el tema de seguridad y manifestó su deseo de que haya más intervenciones conjuntas.

En la asamblea estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz y en representación de la Fiscalía General de la Republica, Andrea Guzmán.

También asistió el comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila y la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez.

Participó además, Ana Murga, encargada de despacho de la FEM; Raquel Bravo, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y Norma Ledezma, comisionada ejecutiva de atención a víctimas.

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