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México

Cámara de Diputados ‘aniquila’ 13 fideicomisos del Poder Judicial tras avalar iniciativa en lo general y particular

Con esta decisión, se pretenden ahorrar 15 mil millones de pesos destinados a fondos del PJF que, según morenistas y aliados, ahora serán destinados a los “más necesitados”
Con esta decisión, se pretenden ahorrar 15 mil millones de pesos destinados a fondos del PJF que, según morenistas y aliados, ahora serán destinados a los “más necesitados”

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la desaparición de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que ya fue remitida al Senado para sus efectos constitucionales.

La SCJN podría discutir, en próximas semanas, un nuevo proyecto que resultaría favorable para el INAI.

Con esta decisión, se establece que en el ámbito del PJF no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente (Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia).

En la votación para la aprobación en lo general hubo 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención; mientras que en la discusión en lo particular el documento fue avalado con 260 votos a favor, 196 en contra y cero abstenciones.

Con esta decisión, se hace un recorte al Poder Judicial por 15 mil millones de pesos, de acuerdo con la iniciativa propuesta desde la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que eliminará cinco fideicomisos al Consejo de la Judicatura Federal, dos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y seis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La votación se dio después de que los legisladores presentaran mociones suspensivas para detener la discusión del dictamen, mismas que fueron desechadas.

En el rechazo estuvieron legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD); mientras que en el otro lado de la moneda los morenistas y sus aliados argumentaron que es necesario enfocar esos recursos a los que menos tienen.

Para lograr la eliminación de los fideicomisos se busca adicionar un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de fondos y fideicomisos. El Pleno aceptó adicionar un artículo quinto transitorio para señalar que los recursos a que se refiere el transitorio anterior deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a los programas que a permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo.

El Poder Judicial de la Federación, a través de sus órganos competentes, deberá publicar un informe individual, desagregado y pormenorizado por cada instrumento extinto, en el cual se indiquen los montos enterados a la Tesorería de la Federación. Además, contará con un plazo máximo de 7 días hábiles para publicarlo.

En la discusión, Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena, aseguró que la extinción de estos fideicomisos no trastoca los derechos laborales de los trabajadores, al tiempo que advirtió que nunca impulsará una iniciativa que atente contra los mexicanos.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado morenista Erasmo González Robledo, expresó que el objetivo del dictamen es contribuir al fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y austeridad en la gestión de recursos públicos en todos los niveles y sectores del Estado mexicano.

Por el PAN, el diputado Oscar de Jesús Almaraz Smer precisó que el dictamen debilita la democracia y atenta contra uno de los tres poderes que comprometen el Estado; es inconstitucional y carece de fundamentación normativa suficiente para ejercer de manera efectiva los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, “porque un acto legislativo no puede extinguir un negocio jurídico bancario legalmente constituido como son los fideicomisos creados para un fin específico”.

Por su parte, la legisladora Margarita Zavala reviró y aseveró que sí se violan los derechos de los trabajadores: ‘’Este dictamen sí viola el principio de progresividad. No podemos restringir derechos ya alcanzados que afectan a más de 55 mil trabajadores’’, indicó.

En tanto, Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano (MC), expresó que lo que se va a legislar estuvo mal en su procedimiento y eso llevará a amparos, acciones de inconstitucionalidad y se resolverá nuevamente un asunto en la Corte, ya que gran parte de los 13 fideicomisos que se quieren desaparecer vienen de las propias aportaciones mensuales, colectas y donativos de las y los trabajadores.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (PRI) dijo estar en contra de afectar las expectativas de derecho de los trabajadores al servicio del Estado adscritos al Poder Judicial, burócratas que tienen como patrón a uno de los tres poderes. El dictamen rompe la normalidad constitucional, “atenta contra el principio de división de poderes cuando un Poder se arroga la facultad de disponer de los activos, de los recursos o de los fideicomisos de otro”.

Cabe apuntar que desde que se dio a conocer la intención de extinguir los fideicomisos se generó un gran debate a nivel nacional.

Además, en los últimos dos días se ha llevado a cabo un paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial Federal en diversos estados, con bloqueos en vialidades importantes en la Ciudad de México.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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