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Política

Cámara de Diputados aprueba reformas a ley telecomunicaciones

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La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para establecer como derecho de las audiencias “que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.

También para eliminar la obligación de que los códigos de ética de los concesionarios de radio y televisión se ajusten a los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y para establecer que la designación de los defensores de las audiencias la harán los concesionarios sin opinión de dicho instituto.

La reforma fue aprobada en lo general por 288 votos a favor, 114 en contra y 18 abstenciones, luego de que el pleno rechazó las reservas que presentaron diputados de los partidos de la Revolución democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Acción Nacional (PAN).

Se avaló en lo particular con 208 votos a favor, 192 votos en contra y nueve abstenciones, por lo que se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

A favor del dictamen habló el diputado del PAN, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, y en contra lo hicieron los legisladores del PRD, Sergio López Sánchez y Guadalupe Acosta Naranjo, y de Morena, Renato Josafat Molina Arias.

El documento surgió de dos iniciativas que presentaron por separado los diputados Clemente Castañeda Hoeflich, de MC, y Federico Döring, del PAN, en febrero y marzo pasados, a pesar de que el primero solicitó que su propuesta fuera retirada el 5 de abril de 2017, día en que la Comisión de Radio y Televisión avaló el dictamen.

El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 15, 216, 256, 259, 260, 261, 297 y 311 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Originalmente el dictamen también consideraba reformas a los artículos 17 y 228, pero al iniciar su discusión ante el pleno, la junta directiva de la Comisión de Radio y Televisión presentó una adenda para hacer precisiones y modificaciones, entre ellas dejar la redacción actual de estos dos preceptos.

Se reforma el Artículo 256 para indicar, en la fracción IV, que entre los derechos de las audiencias está “que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.

Este artículo también se modifica para indicar que los códigos de ética de los concesionarios, bajo el principio de autorregulación, tendrán el propósito de informar al público de forma detallada cómo el concesionario se compromete a respetar y promover los derechos de las audiencias.

También para precisar que el código de ética lo emitirá libremente cada concesionario y no estará sujeto a convalidación o revisión del IFT, de autoridad, ni a criterios, directrices, lineamientos o cualquier otra regulación.

Se reforma la fracción LIX del Artículo 15, para estipular que entre las atribuciones del IFT está “ejercer las facultades de vigilancia en materia de derechos de las audiencias”, para, en su caso, imponer sanciones económicas a los concesionarios y defensores de las audiencias.

En el precepto 311 se elimina la fracción II del inciso C, para que el IFT ya no pueda multar a los defensores de las audiencias por no cumplir con los lineamientos del instituto sobre sus obligaciones mínimas, de tal manera que sólo los podrá sancionar cuando no cumplan las obligaciones establecidas en la ley.

El Artículo 259 se modifica para establecer que “la actuación del defensor de la audiencia se sujetará, exclusivamente, al código de ética del concesionario, y únicamente rendirá cuentas a la audiencia y a las instancias que, en su caso, prevea el propio código”.

Se realiza una reforma a la fracción LXI del Artículo 15 para estipular que el IFT no tendrá la facultad de ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones de programas noticiosos que violen las normas relacionadas con la protección del público infantil, en materia de salud, publicidad y valores estipulados en el Artículo 3 de la Constitución Política.

MVS

Acontecer

Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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