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México

Camillero del ISSSTE renuncia y quema su uniforme al no recibir la vacuna en Nayarit

Un camillero suplente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Tepic, Nayarit, protestó quemando su uniforme por no haber recibido la vacuna contra la COVID-19 a pesar de trabajar en la primera línea.

Por medio de un video compartido en redes sociales, se muestra cómo el hombre, identificado como Daniel Guadarrama, explicó que a pesar de trabajar con enfermos de COVID-19 desde que inició la pandemia, no fue vacunado contra el virus, mientras compañeros que trabajan “detrás del escritorio” sí la recibieron.

“Estuve trabajando desde que empezó el COVID con la ilusión de que el día de mañana me ganara el derecho a una vacuna y de ver ayer compañeros que realmente estuvieron detrás del escritorio y ver que no lo valoran a uno como suplente, desde hoy dejó de trabajar en el ISSSTE, me quitó la camisa”, afirmó el hombre mientras se quitaba el uniforme y su identificación para después prenderle fuego.

Daniel agregó que no valía la pena arriesgar su vida “por personal que no me sabe valorar como trabajador” a pesar de haber estado más de ocho años en la institución.

El pasado 14 de enero llegaron al estado cuatro mil 875 dosis de la vacuna y por lo tanto esperaba que él fuera uno de los que pudiera recibirla.

Personal médico se manifestó el pasado 1 de enero frente al Hospital de Especialidades La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, para denunciar falta de insumos, inequidad y supuesto influyentismo en la aplicación de la vacuna COVID-19.

Alrededor de 20 trabajadores de la salud, entre enfermeros y doctores, cerraron la circulación en el cruce de la avenida Vallejo y Circuito Interior, donde se postraron con pancartas en mano, realizaron una pinta y colocaron cajas que simulaban hieleras con vacunas, como un acto simbólico “en tono de reclamo ante el influyentismo con el que están aplicando la vacuna COVID-19?, informó Rafael Soto, Vocero de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México (UNTSM), a través de sus redes sociales.

El personal médico insistió en que se han aplicado vacunas a personal administrativo y no a todos los que están en la primera línea de batalla contra la pandemia por el virus SARS-CoV-2.

Fuente: SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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