Conecta con nosotros

Slider Principal

Cancelación de Reforma Educativa provocará que niños reciban educación de bajo nivel: Coparmex Chihuahua

La representación Chihuahua de la Confederación Patronal Mexicana lamenta profundamente el anuncio realizado el día de hoy por el Presidente de la República a través del cual deja sin efectos la Reforma Educativa realizada durante el sexenio anterior.

Es lamentable que por presiones de un sector del sindicato de maestros se haya dejado a un lado el interés de la sociedad en su conjunto para mejorar su sistema educativo y con ello, brindar mayores oportunidades de movilidad social y desarrollo a la población.

En los últimos meses, tanto la Secretaría de Educación Pública como los diputados y diferentes actores sociales sostuvieron una amplia discusión en torno a la Reforma aprobada en el sexenio anterior y se habían logrado mejoras sustanciales, logrando un dictamen equilibrado que armonizaba la iniciativa presentada por el Presidente con las recomendaciones puntuales realizadas por expertos y representantes de la sociedad, incluidos los grupos sindicales.

En el dictamen se reconocen cuatro derechos profesionales clave: el derecho a la formación, capacitación y actualización de los maestros, retroalimentado con evaluaciones diagnósticas, el derecho de ser admitidos a la carrera magisterial sobre la que tiene rectoría el Gobierno Federal a través de procesos imparciales; el derecho a lograr promociones a través de mecanismos públicos, imparciales y de igual oportunidad; y que los reconocimientos tengan esas mismas características de imparcialidad y mérito objetivo, no de clientelismo, chantaje, compra, herencia o favores políticos.

Todos estos avances, resultado de un largo proceso de discusión y ejemplo de democracia, se están dejando a un lado para ceder a las presiones de un grupo. Los niños mexicanos son quienes pagan las consecuencias de ceder a los chantajes de este grupo, pues seguirán recibiendo una educación que ha colocado al país entre los niveles más bajos de desempeño académico de la OCDE.

Por otra parte, es importante señalar que el artículo 16 de la Constitución obliga a que los actos de autoridad estén fundados y motivados, es decir, que se refieran a un artículo y numeral a las facultades específicas a partir de las cuales se establece un mandato. El Memorándum del Presidente carece de este sustento legal y por lo tanto, es cuestionable su efecto.

Por las razones anteriormente expuestas, la COPARMEX hace un llamado para que se actúe con apego a la ley y a los procesos establecidos para dar certidumbre a la sociedad, particularmente en un tema tan relevante como lo es la educación.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto