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Candidatura de Nestora es ilegal, pero si nadie se queja, sigue: INE

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Benito Nacif explicó que en el registro de Nestora Salgado como candidata de Morena al Senado de la República, la autoridad electoral no revisó lo relacionado con su doble nacionalidad porque no tenía conocimiento de esa información, pero aclaró: “ese requisito está establecido en el artículo 32 de la Constitución, que prohíbe tener otra nacionalidad aparte de la mexicana, de manera que si alguien incumple con ese requisito, es un impedimento para ocupar el cargo”.

Dijo que al revisar los documentos, Salgado “Presentó el acta de nacimiento donde acreditó que tiene el mínimo de edad requerida por ley, que es mexicana, su credencial para votar con residencia en Guerrero emitida ocho años atrás y eso fue suficiente”, remarcó.

Sin embargo, ante las declaraciones de la propia Nestora Salgado respecto a que tiene la nacionalidad mexicana y estadounidense, dijo que el INE revisará el tema sólo si hay una impugnación o si gana el escaño en la Cámara alta.

“Antes de otorgar la mayoría en caso de ganar la elección se le hará el requerimiento correspondiente y en función de lo que responda y acredite se tomará la decisión sobre entregarle o no la constancia de mayoría”, apuntó.

El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aclaró que la candidatura de Salgado se mantiene vigente, pues recordó que los “requisitos negativos” para argumentar la ilegibilidad de una persona se podrían revisar en caso de que se presente una denuncia, lo que hasta el momento no se ha concretado.

Ante el anuncio del Partido Revolucionario Institucional respecto a que analiza el expediente de registro de la candidata de Morena al Senado para impugnarlo, Nacif comentó que entonces el Instituto podría proceder a revisar su doble nacionalidad.

Insistió que de no presentarse alguna queja, el INE evaluará de nueva cuenta los requisitos de elegibilidad antes de que se le entregue la constancia que la acredite como senadora de la República, si gana la elección.

Recordó que en este proceso electoral, el órgano electoral federal revisó otro caso similar de un candidato de Morena también al Senado, el del exlíder minero Napoleón Gómez Urrutia, de quien sí existían indicios sobre la doble nacionalidad, pero en ese caso se acreditó que renunció a la nacionalidad canadiense.

No obstante, dijo, la candidatura sí fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que todavía no se ha pronunciado sobre el caso.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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