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México

Candidaturas enfrentan a morenistas

La definición de candidaturas rumbo a la jornada electoral del próximo 6 de junio amaga la vida interna de Morena, ya que aspirantes excluidos del proceso impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena sobre los abanderados a las gubernaturas y la convocatoria para elegir a los que contenderán por las diputaciones federales.

Hasta el momento, el TEPJF ha registrado ocho juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) presentados contra la elección de David Monreal Ávila como abanderado de Morena a la gubernatura de Zacatecas, de Clara Luz Flores para Nuevo León y de Lorena Cuéllar Cisneros para Tlaxcala.

Los inconformes se manifestaron en contra del proceso dentro de Morena para definir a los precandidatos, basado principalmente en encuestas.

En tanto, en las impugnaciones a la convocatoria para las diputaciones también se cuestiona la omisión de celebrar la insaculación mediante la cual se determinen los distritos que serán asignados a candidatos externos.

Se quejan por la definición de abanderados a gubernaturas y por la convocatoria para San Lázaro.

Rumbo a la jornada electoral del 6 de junio y en pleno desarrollo para la definición de las candidaturas, los morenistas judicializaron sus procesos internos.

Los inconformes con la definición de los precandidados presentaron impugnaciones en contra de las resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena sobre los candidatos a gubernaturas y la convocatoria para elegir a los que contenderán por las diputaciones federales este año.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) registró ocho juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) presentados contra la elección de David Monreal Ávila como abanderado de Morena a la gubernatura de Zacatecas, de Clara Luz Flores para Nuevo León y de Lorena Cuéllar Cisneros para Tlaxcala.

Los recursos interpuestos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral refieren la inconformidad en el proceso que se siguió al interior del instituto político para definir a los precandidatos de Morena en dichos estados, el cual se basó principalmente en los resultados de encuestas.

Además de las impugnaciones registradas en el TEPJF contra la elección de candidatos de Morena para las gubernaturas, los militantes también reclamaron ante el máximo tribunal electoral del país la convocatoria que emitió el partido para elegir a los candidatos a diputados federales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

Dicha convocatoria, que dio a conocer el presidente del partido, Mario Delgado Carrillo el pasado 24 de diciembre, considera la elección de los aspirantes de Morena a San Lázaro con el apoyo de encuestas, lo que fue impugnado en cinco recursos.

“La convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena relativa a la elección de candidatos a diputados federales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional para el proceso electoral 2020-2021, así como la omisión de celebrar la insaculación mediante la cual se determinen los distritos electorales que serán asignados a candidatos externos”, establecen las impugnaciones contra la convocatoria para las diputaciones federales.

Además, el recurso del senador Cruz Pérez Cuéllar, que presentó ante el Tribunal Electoral Estatal de Chihuahua por la designación como candidato de Juan Carlos Loera dio como resultado que ordenara a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que atendiera las demandas del legislador.

Sin embargo, el político chihuahuense tiene la oportunidad de seguir el proceso de impugnaciones ante la Sala Superior del TEPJF.

Con una caravana motorizada de repudio a la imposición de Morena y de respaldo a su movimiento en la búsqueda del registro de algún partido, Cristóbal Arias inició un movimiento con el que, dijo, quiere rescatar a Michoacán.

Manifestó su rechazo a la candidatura de Raúl Morón a la gubernatura y anunció que “con el respaldo de la gente seguiré adelante”.

Por lo menos ocho juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentaron los morenistas inconformes en contra de los abanderados que definió el partido para gubernaturas y por la convocatoria para elegir a candidatos a diputados.

El principal método tomado por el partido para definir a candidatos fue a través de encuestas.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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