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Candidaturas enfrentan a morenistas

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La definición de candidaturas rumbo a la jornada electoral del próximo 6 de junio amaga la vida interna de Morena, ya que aspirantes excluidos del proceso impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena sobre los abanderados a las gubernaturas y la convocatoria para elegir a los que contenderán por las diputaciones federales.

Hasta el momento, el TEPJF ha registrado ocho juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) presentados contra la elección de David Monreal Ávila como abanderado de Morena a la gubernatura de Zacatecas, de Clara Luz Flores para Nuevo León y de Lorena Cuéllar Cisneros para Tlaxcala.

Los inconformes se manifestaron en contra del proceso dentro de Morena para definir a los precandidatos, basado principalmente en encuestas.

En tanto, en las impugnaciones a la convocatoria para las diputaciones también se cuestiona la omisión de celebrar la insaculación mediante la cual se determinen los distritos que serán asignados a candidatos externos.

Se quejan por la definición de abanderados a gubernaturas y por la convocatoria para San Lázaro.

Rumbo a la jornada electoral del 6 de junio y en pleno desarrollo para la definición de las candidaturas, los morenistas judicializaron sus procesos internos.

Los inconformes con la definición de los precandidados presentaron impugnaciones en contra de las resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena sobre los candidatos a gubernaturas y la convocatoria para elegir a los que contenderán por las diputaciones federales este año.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) registró ocho juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) presentados contra la elección de David Monreal Ávila como abanderado de Morena a la gubernatura de Zacatecas, de Clara Luz Flores para Nuevo León y de Lorena Cuéllar Cisneros para Tlaxcala.

Los recursos interpuestos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral refieren la inconformidad en el proceso que se siguió al interior del instituto político para definir a los precandidatos de Morena en dichos estados, el cual se basó principalmente en los resultados de encuestas.

Además de las impugnaciones registradas en el TEPJF contra la elección de candidatos de Morena para las gubernaturas, los militantes también reclamaron ante el máximo tribunal electoral del país la convocatoria que emitió el partido para elegir a los candidatos a diputados federales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

Dicha convocatoria, que dio a conocer el presidente del partido, Mario Delgado Carrillo el pasado 24 de diciembre, considera la elección de los aspirantes de Morena a San Lázaro con el apoyo de encuestas, lo que fue impugnado en cinco recursos.

“La convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena relativa a la elección de candidatos a diputados federales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional para el proceso electoral 2020-2021, así como la omisión de celebrar la insaculación mediante la cual se determinen los distritos electorales que serán asignados a candidatos externos”, establecen las impugnaciones contra la convocatoria para las diputaciones federales.

Además, el recurso del senador Cruz Pérez Cuéllar, que presentó ante el Tribunal Electoral Estatal de Chihuahua por la designación como candidato de Juan Carlos Loera dio como resultado que ordenara a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que atendiera las demandas del legislador.

Sin embargo, el político chihuahuense tiene la oportunidad de seguir el proceso de impugnaciones ante la Sala Superior del TEPJF.

Con una caravana motorizada de repudio a la imposición de Morena y de respaldo a su movimiento en la búsqueda del registro de algún partido, Cristóbal Arias inició un movimiento con el que, dijo, quiere rescatar a Michoacán.

Manifestó su rechazo a la candidatura de Raúl Morón a la gubernatura y anunció que “con el respaldo de la gente seguiré adelante”.

Por lo menos ocho juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentaron los morenistas inconformes en contra de los abanderados que definió el partido para gubernaturas y por la convocatoria para elegir a candidatos a diputados.

El principal método tomado por el partido para definir a candidatos fue a través de encuestas.

Fuente: Excelsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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