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México

Caos en el arranque del nuevo Poder Judicial: jueces sin juzgados y tribunales paralizados

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El inicio de la nueva etapa del Poder Judicial en México ha estado lejos de la estabilidad que se esperaba. A pocos días de su puesta en marcha, el sistema enfrenta un panorama de vacantes sin cubrir, desorganización administrativa y condiciones precarias en los tribunales.

De acuerdo con fuentes judiciales, cerca de 900 plazas de jueces y magistrados permanecen inactivas debido a que no se les ha asignado un juzgado. La situación es tan grave que el recién creado Órgano Administrativo del Poder Judicial, que sustituyó al Consejo de la Judicatura, emitió un llamado urgente a los nuevos funcionarios para que envíen su información personal y con ello iniciar el proceso de adscripción.

Mientras se resuelve la reubicación, los juzgados en todo el país operan con actividad mínima. En algunos casos, secretarios de acuerdos han tenido que asumir temporalmente las funciones de jueces y magistrados, lo que ha generado retrasos significativos en la impartición de justicia y ha dejado en incertidumbre a miles de ciudadanos en espera de sentencias.

A este escenario se suma la precariedad material. Los recortes presupuestales acumulados en los últimos años han dejado a muchos juzgados y salas sin insumos básicos como papel, tóner y equipo de oficina. Esta falta de recursos ha intensificado la parálisis judicial en un momento en que la transición institucional debería garantizar certidumbre y eficiencia.

En medio de este desorden, persiste la expectativa de que las nuevas estructuras logren ordenar el funcionamiento interno y responder a la creciente demanda de justicia en el país, aunque por ahora las señales apuntan más a la improvisación que a la planeación.

México

México y EU bloquean red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se reforzaron las acciones contra una red de fraude en esquemas de tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, según un comunicado emitido el 19 de febrero.

Como parte de las medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 24 personas por su supuesta participación en el esquema. De ellas, cinco son personas físicas y 19 personas morales que habrían operado mediante fraudes relacionados con servicios turísticos y que tendrían posibles nexos con la organización criminal.

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas en México. Se trata de seis individuos y una entidad identificados como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo detectado durante las investigaciones financieras.

Las acciones del Departamento del Tesoro forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos. De acuerdo con el comunicado, estas organizaciones utilizan actividades empresariales y del sector turístico como fachada para captar recursos de origen ilícito. El impacto de estas operaciones es de carácter transnacional y se concentra principalmente en destinos como Jalisco y Nayarit.

En el ámbito nacional, la UIF realizó estudios financieros, fiscales y corporativos de los involucrados. Los análisis permitieron identificar movimientos relevantes de dinero, transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversión, consumos significativos con tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en la región occidental del país.

Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las atribuciones legales de la autoridad.

La dependencia señaló que mantiene coordinación permanente con instancias nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las capacidades económicas de organizaciones criminales.

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