El inicio de la nueva etapa del Poder Judicial en México ha estado lejos de la estabilidad que se esperaba. A pocos días de su puesta en marcha, el sistema enfrenta un panorama de vacantes sin cubrir, desorganización administrativa y condiciones precarias en los tribunales.

De acuerdo con fuentes judiciales, cerca de 900 plazas de jueces y magistrados permanecen inactivas debido a que no se les ha asignado un juzgado. La situación es tan grave que el recién creado Órgano Administrativo del Poder Judicial, que sustituyó al Consejo de la Judicatura, emitió un llamado urgente a los nuevos funcionarios para que envíen su información personal y con ello iniciar el proceso de adscripción.

Mientras se resuelve la reubicación, los juzgados en todo el país operan con actividad mínima. En algunos casos, secretarios de acuerdos han tenido que asumir temporalmente las funciones de jueces y magistrados, lo que ha generado retrasos significativos en la impartición de justicia y ha dejado en incertidumbre a miles de ciudadanos en espera de sentencias.

A este escenario se suma la precariedad material. Los recortes presupuestales acumulados en los últimos años han dejado a muchos juzgados y salas sin insumos básicos como papel, tóner y equipo de oficina. Esta falta de recursos ha intensificado la parálisis judicial en un momento en que la transición institucional debería garantizar certidumbre y eficiencia.

En medio de este desorden, persiste la expectativa de que las nuevas estructuras logren ordenar el funcionamiento interno y responder a la creciente demanda de justicia en el país, aunque por ahora las señales apuntan más a la improvisación que a la planeación.