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México

Caro Quintero logra aplazar su extradición a Estados Unidos

El narcotraficante Rafael Caro Quintero logró por segunda ocasión impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre el amparo que promovió con el cual pretende evitar su extradición a Estados Unidos.

El narco de narcos presentó una solicitud para que el ministro Luis María Aguilar Morales se declare impedido para conocer su demanda de garantías.

El ex presidente de la Corte hizo público el proyecto de sentencia donde proponía a los ministros de la Primera Sala de la Corte negar la protección de la justicia al capo, quien reclamó el tratado de extradición entre México y Estados Unidos.

El recurso fue interpuesto el 26 de marzo. Lo anterior consta en estrados del Alto Tribunal, donde la petición del capo fue admitida a trámite y turnada al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Es la segunda vez que Caro Quintero procede de la misma manera; en noviembre de 2016, el narcotraficante reclamó que el actual presidente residente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea elaborara el proyecto de sentencia.

Desde 1985, Estados Unidos busca juzgar a Caro por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, crimen cometido en Guadalajara.

El FBI ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por su el capo, la cifra más alta por un delincuente mexicano.

Aguilar Morales propone en su proyecto de sentencia negar el amparo al capo del cártel de Guadalajara, quien por una mala interpretación de un tribunal federal recobró su libertad tras 28 años estar preso, pero que hoy es buscado para que cumpla los 12 años que le faltan de condena.

Asimismo, el ministro Aguilar propone devolver el asunto a un tribunal colegiado para que solo revise cuestiones de legalidad y con ello determinar si Caro debe ser entregado a los estadunidenses.

El 9 de agosto de 2013, Caro recuperó su libertad tras permanecer 28 años de prisión, porque un tribunal colegiado le concedió un amparo; la Procuraduría General de la República llevó el caso a la Corte y el 6 de noviembre del mismo año la Primera Sala revocó la sentencia.

En diciembre de 2013, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, reveló que Caro Quintero envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto, en la que solicitó que no se le persiguiera más porque lo que tenía que pagar lo saldó en prisión.

Hasta enero de 2015, el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en Guadalajara, en acato al fallo de la Corte declaró nuevamente penalmente responsables a Rafael Caro y Ernesto Fonseca, Don Neto, por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y homicidio calificado, en agravio del agente de la DEA y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

Fuente: Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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