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Caro Quintero niega haber vuelto al negocio del narcotráfico

El veterano capo del narcotráfico Rafael Caro Quintero negó en una entrevista haber vuelto a la actividad, como han señalado autoridades de México y Estados Unidos, y dijo que no es culpable del asesinato de un agente encubierto de la DEA, perpetrado en 1985.

Caro, que fue liberado sorpresivamente en 2013 tras casi 29 años en prisión, dio una entrevista en la clandestinidad a un medio nacional, publicada el sábado, con fotos donde se le ve vestido con camisa, pantalón y gorra azules en una habitación austera, con una cama y un mueble con una vela y flores.

«Yo no soy un peligro ni para la sociedad de México ni para el gobierno, ni para la sociedad de Estados Unidos. Yo no quiero saber nada de narcotráfico, yo quiero vivir en paz y estar en paz, que me dejen en paz», dijo Caro.
Caro Quintero es uno de los líderes históricos del narcotráfico mexicano junto con el fallecido Amado Carrillo Fuentes. Ambos traficaron marihuana y cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos y estuvieron vinculados al capo colombiano Pablo Escobar.

Tras su sorpresiva liberación en la occidental ciudad de Guadalajara, tanto el Gobierno mexicano como el estadounidense emitieron nuevamente órdenes de aprehensión en su contra.

Para Washington, el caso de Caro es especialmente sensible porque está acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Enrique «Kiki» Camarena, un agente especial de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, junto con sus socios de entonces, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, ambos en prisión.

Camarena era un agente encubierto de la DEA que ayudó a desmantelar un enorme plantío de marihuana por un valor de 8 mil millones de dólares en un rancho llamado «El Búfalo».

«Ni organicé ni secuestré ni maté al señor Camarena (…) Estuve en el lugar equivocado», dijo Caro en la entrevista, al tiempo que pidió perdón a la familia del agente y al Gobierno estadounidense «si en algo participé o si en algo estoy involucrado».

Caro Quintero es uno de los padrinos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien enfrenta un inminente proceso de extradición a Estados Unidos tras fugarse dos veces de prisión.

En la entrevista, Caro dijo que Guzmán y otro de los últimos grandes capos que se encuentra libre, Ismael «el Mayo» Zambada, ambos líderes del cártel de Sinaloa, fueron a visitarlo en 2013 a los pocos días de su liberación.

«Él (el Chapo) vino a saludarme, me dio gusto saludarlo, mis respetos para el señor, y platicando le comenté que yo ya no quería saber nada de cuestiones ilícitas», señaló.

Autoridades federales y estatales en México habían dicho que Caro había iniciado una guerra contra el cártel de Sinaloa, luego de incidentes violentos en Badiraguato, en el estado de Sinaloa de donde ambos son oriundos, y que incluyó una invasión a la casa de la madre de Guzmán.

 

 

El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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