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Caro Quintero pide paz y perdón por sus delitos

Desde la clandestinidad, Rafael Caro Quintero, prófugo desde 2013 y señalado como uno de los narcotraficantes más poderosos de México, negó haber asesinado a un oficial de la agencia estadounidense antidrogas (DEA por sus siglas en inglés), pidió perdón por sus delitos y aseguró haberse retirado de la criminalidad.

El capo, originalmente condenado a 40 años de cárcel, fue liberado en agosto de 2013 por un tribunal de Guadalajara, decisión que atribuyó a un tecnicismo jurídico. Sin embargo, tras darse a conocer una orden de captura para su extradición a Estados Unidos, se dio a la fuga.

Caro Quintero, de 63 años, 28 de los cuales pasó en prisión por el asesinato del agente de la DEA, Enrique «Kiki» Camarena, en 1985, criticó en entrevista al semanario Proceso la violencia ligada al narcotráfico –que ha dejado más de 100,000 muertos y desaparecidos desde 2006– y aseguró que no ha vuelto a delinquir.

«Nunca había hablado de este caso, es la primera vez (…). No lo secuestré no lo torturé y no lo maté (a Camarena). Sí estuve en ese lugar (del crimen), es mi participación, nada más», dijo Caro Quintero, quien fue uno de los jefes del cártel de Guadalajara, con gran poder en los 1980 y que tras desaparecer dio origen al de Sinaloa.

Camarena era un agente de la DEA que se infiltró en el cártel del Guadalajara y, tras ser descubierto, fue torturado y golpeado hasta morir. Junto con él, fue asesinado el piloto mexicano Alfredo Zavala.
Vestido con ropa desgastada, sentado en un banco de madera, dentro de una habitación de paredes grises y en la que se observan imágenes religiosas, Caro Quintero acepta que hace 31 años fue narcotraficante, pero asegura que ahora únicamente quiere vivir en paz.

«Lo único que busco es paz y le pido perdón a la sociedad de México por los errores que cometí, a la familia Camarena, a la DEA, al gobierno de Estados Unidos, les pido perdón. Ya pagué mi culpa (…) dejé de ser narcotraficante».

El fallo judicial que dejó en libertad a Caro Quintero, apodado como «El Príncipe» en sus momentos de mayor esplendor, fue revocado por la Suprema Corte. Sin embargo, ya había desatado críticas entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Respecto a la libertad del delincuente, el experto en asuntos de seguridad Raúl Benítez Manaut, de la Universidad Autónoma del Estado de México, afirma que aún existen delitos por los que se puede juzgar a Caro Quintero, tales como el tráfico de droga.

«Esto es sólo un testimonio exculpatorio», dijo Benítez a AFP.

RETIRADO DEL NARCOTRÁFICO
En días recientes, la fiscalía de Chihuahua, estado fronterizo con Estados Unidos, alertó de una supuesta guerra entre grupos criminales de Caro Quintero y de Joaquín «El Chapo» Guzmán en la entidad para disputar el poder en la zona. Sin embargo, el narco desmintió esa versión.

«A mí no me interesa ninguna plaza, a mí no me interesa ningún estado, fronteras. ¿Por qué? Porque ya no trabajo, simplemente así», explicó al señalar que le gustaría dedicarse a la ganadería.

Asimismo, señaló que desde la infancia ha sido amigo de «El Chapo» Guzmán, quien al igual que él nació en Badiraguato, Sinaloa. Incluso, dijo que en 2013 desayunaron juntos, cuando el líder del cártel de Sinaloa también estaba pófugo.

«La realidad es que hay suficientes indicios de que Caro Quintero se está reorganizando para ocupar el vacío de poder que dejó ‘El Chapo’ Guzmán», comentó Benítez Manaut al rechazar este otro argumento.

Por otro lado, Caro Quintero deploró la violencia desatada por la pugna entre cárteles y en la acusa que se ha olvidado el respeto a las familias y a la gente inocente.

Sobre su situación como prófugo de las autoridades, Caro Quintero, señaló que ha ido de un sitio a otro, sobre todo en su natal Sinaloa, donde militares han lanzado una cacería en su contra.

«Hubo un operativo de 23 aviones como a los ocho meses que salí», detalló Caro Quintero, al señalar que no hubo mueertos ni heridos.

En diciembre de 2013, la Fiscalía General reconoció que Caro Quintero envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que pidió no ceder a presiones de Estados Unidos para extraditarlo, pues sostuvo que ya pagó sus culpas y pidió se ponga fin a la «absurda persecución» en su contra.

La oficina de prensa del presidente Enrique Peña Nieto declinó hacer comentarios sobre esta entrevista.

 

 

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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