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Casa Blanca no perdonará a Snowden denunciar espionaje

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La Casa Blanca respondió este martes con una negativa a una petición ciudadana que urgía al presidente Barack Obama a perdonar a Edward Snowden, asilado en Rusia y acusado de espionaje por revelar en 2013 los programas secretos de vigilancia del Gobierno estadounidense.

Snowden «debería volver a Estados Unidos y ser juzgado por un jurado popular – no esconderse bajo la protección de un régimen autoritario. En este momento él está huyendo de las consecuencias de sus acciones», afirma en la respuesta oficial Lisa Monaco, asesora de Obama para seguridad nacional y lucha antiterrorista.

La «peligrosa decisión» de Snowden de «robar y revelar información clasificada tuvo graves consecuencias para la seguridad de nuestro país y las personas que trabajan día tras día para protegerla», anotó Monaco.

La petición sobre el perdón a Snowden fue colgada en el sitio «We the people (Nosotros, el pueblo)» del portal de la Casa Blanca en junio de 2013, poco después de las revelaciones del exanalista de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

«Edward Snowden es un héroe nacional y debería emitirse inmediatamente un perdón pleno y absoluto por cualquier delito que haya cometido o pueda haber cometido al divulgar los programas secretos de vigilancia», indica la petición.

La Casa Blanca debe responder a las peticiones cuando estas alcanzan las 100.000 firmas y la relacionada con Snowden acumulaba a día de hoy más de 167.000.

Desde su huida y posterior asilo en Rusia, el Gobierno de Obama ha insistido en que Snowden debe regresar a EE.UU. para ser juzgado por delitos de espionaje.

La declaración de hoy sobre el caso de Snowden se produjo dentro de un esfuerzo más amplio de la Casa Blanca para pronunciarse sobre varias peticiones ciudadanas que llevaban tiempo esperando respuesta.

EFE

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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