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Casi 700 sacerdotes son acusados de abuso sexual en Illinois, EU

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Gran escándalo se vive en la Iglesia Católica de Estados Unidos luego de que cerca de 700 sacerdotes fueran acusados de abuso sexual contra menores en las últimas décadas.

La mayoría de los hechos habrían ocurrido en la diócesis de Illinois, reveló este miércoles Lisa Madigan, fiscal de ese estado del norte de los Estados Unidos.
Las diócesis de Illinois publicaron los nombres de 185 curas involucrados en acusaciones serias, pero el examen de sus archivos reveló que habían sido notificados de ‘acusaciones contra al menos 500 sacerdotes más’, escribió en un informa preliminar.

La investigación estatal comenzó en agosto luego de la publicación de un informe del gran jurado de Pensilvania que describe el alcance del abuso sexual infantil por parte del clero en ese estado.

Algunos de los clérigos de Pennsylvania implicados allí tenían conexiones con las diócesis de Illinois.

Según una declaración hecha por Madigan el miércoles por la tarde, «los hallazgos también proporcionan un documento crítico para el debate, ya que la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos planea reunirse para un retiro de una semana en Mundelein en enero».
Mientras tanto, el cardenal Blase Cupich de Chicago publicó esta declaración en respuesta al informe:
No puede haber ninguna duda sobre la necesidad constante de fortalecer nuestra cultura de curación, protección y responsabilidad. Mientras que la gran mayoría de los abusos ocurrieron hace décadas, muchos sobrevivientes de víctimas continúan viviendo con este dolor inimaginable».

Los funcionarios de la Arquidiócesis dicen que han revisado el informe preliminar y que «la naturaleza del informe hace que sea difícil discernir qué hallazgos generalizados se aplican a la Arquidiócesis de Chicago».

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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