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México

CDMX es hostil para mujeres; hay razón para enojarse: Godoy

La procuradora General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ), Ernestina Godoy Ramos, afirmó que la capital del país es hostil para las mujeres, por lo que comparte la furia y coraje de las jóvenes que salieron a marchar, pues a pesar de los avances en la creación de leyes e instituciones de protección, “nos siguen matando”.

Hay razón para que nuestras jóvenes, las mujeres de esta ciudad, estén enojadas, estén realmente furiosas. Yo comparto esa furia, comparto ese coraje donde la Ciudad de México es una ciudad hostil para nosotras”, dijo la procuradora, durante el evento “La transversalización del enfoque de Derechos Humanos en la Procuración de Justicia: hacia una Fiscalía General de Justicia con enfoque transformador y progresivo’, que se llevó a cabo en la Universidad Iberoamericana.

Al presentar la conferencia magistral “Situación actual de los derechos humanos en México y el reto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, Godoy Ramos reconoció que la violencia contra las mujeres es un fenómeno nacional y, obviamente, afecta a la capital mexicana.
Dejó claro que no comulga con las muestras de violencia durante la marcha celebrada el pasado 16 de agosto, pues siempre ha sido pacifista, sin embargo, entiende la furia de esas jóvenes al vivir en una urbe que no les permite vestir como quieren o caminar sin temor por las noches.

Comparto esa furia que se expresó porque lo que creo que está pasando es que resurgió un movimiento con mucha fuerza. Lo que espero es que no se apague, que continúe, que estas jóvenes que están ahí puedan ser capaces de avanzar más”, apuntó ante los asistentes congregados en el Auditorio Ignacio Ellacuría de esta casa de estudios.

Recordó que su generación luchó por muchos años y logró la creación de leyes, reglamentos, programas, políticas públicas y organismos en defensa de las mujeres, “y pese a eso, nos siguen matando, nos siguen violando, nos siguen hostigando, siguen abusando de nosotras”.

Dijo que la defensa de las mujeres es prioritaria para la PGJCDMX de cara a su transformación en fiscalía. Reconoció que en este momento el reclamo de las mujeres hacia la institución que dirige es fuerte, pero señaló que se está recomponiendo la estructura y función de la misma.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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