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México

CDMX indemnizará con 50 mil pesos a deudos por desplome en Línea 12

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que se dará un programa de apoyo emergente de indemnización a heridos y fallecidos por el accidente de la Línea 12 del Metro.

El Programa de Apoyo a Víctimas consta de un pago de 50 mil pesos; se entregó esta semana un pago inicial de 10 mil y en los próximos días, a partir del lunes, se darán los 40 mil restantes.

“En el caso de las familiares de las víctimas se les está dando un primer apoyo emergente de gastos inmediatos, este apoyo es de 50 mil pesos, 10 mil fueron entregados estos días y 40 a mil a partir del lunes”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, en conferencia de prensa.

En tanto, refirió que las víctimas tienen derecho a la indemnización del Metro, por lo que se solicitó ampliar la póliza del mismo.

“La cifra es de 350 mil pesos en factura de seguro, consideramos que es un monto pequeño y que debe elevarse, se solicitó, al menos 650 mil por póliza del Metro’’, explicó.

La cifra de muertos por el derrumbe de un tramo elevado del metro de la Ciudad de México aumentó el viernes a 26 debido al fallecimiento de un pasajero lesionado en un hospital.

“Aprovecho para informarles, lamentablemente de este trágico accidente en la línea 12 hay 26 personas que lamentablemente perdieron la vida”, dio a conocer Sheinbaum,

En tanto, detalló que hay 33 personas hospitalizadas, 12 en estado de salud grave, 20 personas delicadas y una estable.

Un total de 33 víctimas continúan hospitalizadas, recuperándose de las lesiones que sufrieron en el accidente del lunes en la noche.

Unas 80 personas se lesionaron cuando las vigas que soportaban una parte del tramo elevado se vencieron en el momento en que un tren del metro pasaba por arriba. La mayoría ya han sido dadas de alta.

El accidente ha sido uno de los más letales en la historia del metro, y de inmediato surgieron cuestionamientos sobre la integridad estructural de este sistema de transporte masivo, uno de los más concurridos del mundo.

Las autoridades se comprometieron a realizar una investigación sobre las causas del derrumbe y a inspeccionar todas las líneas elevadas y los pasos a desnivel en la ciudad.

Fuente: AP

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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