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México

Por celos, ex novio asesinó de 16 puñaladas a Anayetzin

La “cacería” en redes sociales del asesino de Anayetzin Damaris Fragoso, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 8 de octubre dentro de un clóset, en un apartamento de la Colonia Lindavista, dio resultados, pues el feminicida fue detenido el martes pasado en Guanajuato, donde pretendía esconderse de la justicia.

El imputado, Omar Octavio —ex novio de Anayetzin—, de 23 años, ya se encuentra en el Reclusorio Norte, después de que elementos de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la procuraduría local lo trasladaran para ser juzgado por el asesinato, según la carpeta de investigación FGAM/GAM-3/UI-1S/D/2663/10-2017, el sospechoso anduvo sin plan por Guadalajara y Veracruz.

Sin embargo, le fue imposible esconderse debido a la campaña que los hermanos y amigos de Anayetzin emprendieron en redes sociales, difundiendo su rostro y su nombre completo. Fuentes cercanas a la investigación dieron a conocer que gracias a esto, fue rastreando hasta Guanajuato, donde se le ubicó en casa de unos familiares.

Al ser detenido no opuso resistencia; dijo estar cansado de huir, sentirse perseguido y que al aparecer su rostro en todas las redes sociales, no se sentía seguro en ningún lado. Añadió que aunque en un principio recibió apoyo de sus familiares, también se sintieron perseguidos por esconder a un prófugo de la justicia.

La mató por celos. Los avances en la investigación revelaron que los celos y un malentendido fueron el motivo del feminicidio. Información proporcionada por familiares a la autoridad investigadora detalla que Anayetzin Damaris tenía poco más de dos meses de gestación y aunque ya había antecedentes de violencia entre ellos, le permitieron tener un último acercamiento con el para darle la noticia.

Acudió al departamento en la colonia Lindavista, ubicada en la delegación Gustavo A. Madero, donde el padre de Omar Octavio trabajaba como intendente y le daba asilo. Una vez dentro, él negó que el bebé que esperaba Anayetzin fuera suyo y empezaron a discutir. Enfurecido por celos, la agredió a golpes.

Para que la joven dejara de gritar, Omar Octavio tomo uno de los cuchillos de la cocina y le asestó 16 puñaladas. La mayoría en el vientre, después intentó cubrir el homicidio ocultando el cuerpo en el clóset del departamento y para que no lo incriminaran, despareció el cuchillo. Este miércoles un juez de Control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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