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México

Cesan al titular de Seguridad en Zacatecas tras ola de violencia

En medio de una de las peores olas de violencia que haya vivido la entidad, que este jueves cerró con 10 personas ahorcadas en un puente, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Zacatecas, Arturo López Bazán, ayer por la tarde fue removido del cargo que ocupó durante 14 meses; en su lugar fue designado Adolfo Marín, general brigadier en retiro del Estado Mayor.

Fuentes gubernamentales confirmaron que López Bazán era jefe de la Comisión Nacional Antisecuestro de la Guardia Nacional en agosto de 2020, cuando fue designado en el cargo, en sustitución de Ismael Camberos Hernández, quien fue comandante de la desparecida Policía Federal. En esa fecha, el entonces gobernador priísta Alejandro Tello pidió al gobierno federal hacerse cargo de las tareas de seguridad pública en Zacatecas porque los índices de violencia e inseguridad no descendían. Fue entonces que Alfonso Durazo, entonces titular de la SSP federal, recomendó a López Bazán para el cargo.

A pesar de que este funcionario no lograba contener los indicadores de violencia, el 12 de septiembre de este año, al rendir protesta como gobernador, el morenista David Monreal Ávila lo ratificó en su cargo.

Respecto de las críticas de sus colegas de Aguascalientes, Durango, Jalisco y San Luis Potosí por la ola de violencia en la entidad, el gobernador David Monreal Ávila, comentó: «Me parece que tienen una visión muy chiquita en materia de seguridad, pues Zacatecas ha sido por muchos años el cementerio de los estados vecinos, donde sí hay presencia directa de cárteles”.

En fechas recientes, en declaraciones a medios, los cuatro mandatarios cuestionaron la débil política de combate a los grupos del crimen organizado, e incluso llamaron a sus coterráneos a no visitar Zacatecas.

En Tijuana, desconocidos abandonaron en puentes peatonales restos humanos y cuatro mantas con amenazas a policías, según la Agencia Estatal de Investigaciones de Baja California. En el municipio gobernado por la morenista Monserrat Caballero, este año se han cometido mil 700 asesinatos y en los dos meses recientes células delictivas han dejado mensajes en el mobiliario urbano y abandonado restos humanos en la vía pública.

En Mexicali, el Congreso local aprobó la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Según la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila es una iniciativa avalada por el Consejo de Seguridad ante una situación de violencia.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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