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México

Cesan e investigan a fiscal regional por entregar restos de víctima en bolsas de basura

Xalapa.- La Fiscal General de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns ordenó la destitución del encargado de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XXI, Alberto Torres Medina, y del Fiscal de Las Choapas, Lenin Juárez Jiménez, por entregar los cuerpos de un desaparecido en bolsas negras de basura.

El acto denigrante fue denunciado por el colectivo “Madres en Búsqueda Coatzacoalcos”, lo que consideraron un trato indignante, cruel, degradante, inhumano y revictimizante contra la familia Aguirre Chablé, al recibir el cuerpo de Eladio Aguirre Chablé reportado como desaparecido en abril del 2020.

En un breve video, Hernández Giadáns señaló que estos cambios en la Subunidad Integral de Procuración de Justicia en Las Choapas obedecieron a la denuncia pública hecha por el colectivo de desaparecidos.

“Hemos designado como fiscal encargada a la licenciada Jessica Lizbeth Orozco Prescenda, en Las Choapas, municipio ubicado en la zona sur de la entidad”

Verónica Hernández detalló que se han iniciado las investigaciones para establecer las responsabilidades administrativas y ha sido integrada la carpeta de investigación FGE/FIM/16/2021 para fincar las probables responsabilidades penales en contra de los servidores públicos que violentaron la Ley General de Víctimas y los protocolos homologados de búsqueda e investigación.

“Como es nuestra obligación, en la Fiscalía General nos regimos bajo una actuación objetiva y en defensa de la legalidad y el interés público, no será la excepción en este caso en donde fueron violados los protocolos avalados por instancias federales y estatales, que de acuerdo con la ley y con respeto a los derechos humanos de las víctimas, se deben seguir al momento de la entrega digna de personas fallecidas”.

Hernández Giadáns se solidarizó con la familia afectada y reafirmó su compromiso para combatir cualquier práctica que violente los derechos de las víctimas.

“Reitero mi exigencia hacia las y los servidores públicos de esta institución para que se apeguen estrictamente a la Ley y la apliquen con sensibilidad y respeto a los derechos humanos. No toleraré una sola conducta que se aparte de los principios que rigen a la institución que represento”.

En Veracruz hay más de cuatro mil 600 personas desaparecidas en la última década, la propia Fiscal, Verónica Hernández admitió que en los forenses de la entidad y en las fosas comunes hay más de mil 300 cuerpos sin poder ser identificados.

Fuente: apro

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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