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Cesan a tres funcionarios del penal de Apodaca

Autoridades de Nuevo León anunciaron el cese de tres funcionarios del Centro de Reinserción Social de Apodaca, luego de violaciones a la integridad física de reos al interior de esa penitenciaría, lo cual derivó además a una investigación penal contra ellos.
En conferencia de prensa, Aldo Fasci Zuazua, vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad en la entidad, refirió que “fueron cesados el subdirector de seguridad, el jefe de turno de seguridad y el jefe de área de seguridad, que estaban laborando en el momento de los hechos”.
“Ellos están sujetos también a una investigación penal”, ante las vejaciones de que fueron víctimas, internos a manos de otros, en uno de los ambulatorios del Centro de Reinserción Social de Apodaca, sin que los ahora ex funcionarios dieran parte a sus superiores, indicó.
“Los imputados sujetos a proceso, que fueron objeto de vejaciones, están en buen resguardo, situación de la cual ya tiene conocimiento el Juez de Control respectivo”, dijo.
“La investigación continúa y también tenemos que señalar que las situaciones anómalas que se dieron, tienen que ver con amenazas y presiones del crimen organizado al interior de los centros penitenciarios, amenazaron a algunos servidores públicos y a sus familias”, indicó.
Fasci Zuazua subrayó que en ese sentido “los hechos tienen que ver con amenazas, no con corrupción”, y por no avisar a autoridades superiores se determinó cesar a los tres ex funcionarios del penal de Apodaca y sujetarlos a investigación.
Por otra parte, comentó que dentro de acciones conjuntas de autoridades estatales y federales contra el narcomenudeo, durante las últimas semanas han sido detenidas 494 personas “en posesión simple y con fines de venta”.
“Están detenidas por los delitos de posesión con fines de venta de narcóticos, agrupación delictuosa, y en algunos casos, equiparable al robo”, mencionó.
“Esto ha provocado las reacciones de los grupos del crimen organizado, en ese sentido, también señalamos como puntos de riesgo, dos de los municipios del área metropolitana (Escobedo y Santa Catarina), no son los únicos pero son los que están más vulnerables en este momento”, apuntó.
Ante esto, agregó, autoridades de Nuevo León, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil, en conjunto con el Ejército, iniciaron operativos en el área metropolitana de Monterrey.
Además, en coordinación con la Secretaría de la Marina Armada de México, se desplegarán acciones de inteligencia y estrategia, afirmó el vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad en la entidad.
“Asimismo, habrá vigilancia especial y labores de inteligencia en algunos puntos clave del estado, no solamente del área metropolitana, para lo cual se van a destinar más de 70 elementos conjuntos entre las diferentes fuerzas estatales y federales», señaló.
Todo ello coadyuvará en temas de investigación emprendidos por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), concluyó.

El Econimista

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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