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César Duarte, Berthita, hijos y otros familiares demandados en Texas

Ricardo Holguín Pérez | El Heraldo de Chihuahua. En el estado de Texas se abrió una causa penal en contra de César Horacio Duarte Jáquez, Bertha Olga Gómez Fong, Olga Sofía Duarte Gómez, Olga Duarte Jáquez, César Adrián Duarte, “CAD Construction Inc”, Gabriela Armendáriz Chaparro y Manuel Alberto Garza, “por violación al gobierno mexicano de las leyes de adquisiciones mientras fue gobernador de Chihuahua”.

De acuerdo con el Tribunal de Distrito de Texas, los demandados se encuentran defendidos por la firma de abogados Yetter Coleman, originarios de Houston y la demanda refiere que César Duarte ordenó que el gobierno de Chihuahua celebrara varios convenios con contratistas que desviaron los pagos, por lo cual se iniciaron seis causas de acción de la ley estatal.

“Duarte conspiró con su familia y asociados para fugarse con estos recursos robados, que luego se utilizaron para hacer inversiones, comprar casas y automóviles de lujo en el Estados Unidos. Por lo tanto, el estado de Chihuahua presentó esta demanda para recuperar estos fondos. En consecuencia, un tribunal federal debe juzgar las reclamaciones de Chihuahua”, refiere la demanda actualizada al 14 de julio.


Dentro del Tribunal de Distrito de Estados Unidos por el Distrito Occidental de Texas, División El Paso, le siguen algunos puntos a César Horacio y sus familiares, temas como conversión, ley de responsabilidad por robo, confianza constructiva, conspiración civil, coyuntura y varias responsabilidades concentradas en el Código Penal de Texas.

Según el oficio que recibió el juez David C. Guaderrama en El Paso, la petición nombra a varias otras entidades e individuos como son a César Horacio, su esposa Bertha Gómez, una de sus hijas de nombre Olga Sofía, el hijo de nombre César Adrián, la hermana de César Horacio, Olga, la cuñada de nombre Gabriela Armendáriz y a la empresa CAD Construction de la propiedad de dos hijos del exgobernador.

Por parte del estado de Chihuahua, demanda varios inmuebles supuestamente comprados con fondos obtenidos de forma ilegal, pero no proporciona acusaciones sustanciales, o detalle, lo que indica que las propiedades fueron compradas con los fondos de Chihuahua, por lo cual el 30 de marzo de 2020, César y Bertha Gómez se presentaron para objetar en la corte estatal.

En la exposición de motivos refiere que no contiene acusaciones fácticas sobre la conducta de ningún acusado que no sea el señor Duarte y que a primera vista, ninguno de estos acusados tiene cualquier conexión de cualquier tipo con la supuesta conducta del involucrado, “la petición no cumple reclamo contra los coacusados del señor Duarte, Chihuahua agregó incorrectamente la queja, no contenía alegaciones de intención o conocimiento contra el individuo que apoya un reclamo de conspiración civil”.

“Los reclamos de Chihuahua ponen en tela de juicio la validez de las acciones públicas que la administración del señor Duarte supuestamente acogió a Chihuahua, a saber, la legalidad de los contratos. No contiene detalles de hecho, cita, como un ejemplo de conducta inapropiada del gobierno, la compra por la administración del señor Duarte de medicamentos para el cáncer supuestamente caros, que el gobierno luego distribuyó a pacientes en Chihuahua”, refiere los hechos que siguen en Texas.

Sin embargo, pese a que inició esa demanda civil, las autoridades en Texas analizan si los reclamos de “Chihuahua” surgen de una conducta que ocurrió en un estado extranjero de conformidad con el ejercicio de autoridad extranjera. Como tal, las afirmaciones necesariamente implican el acto de doctrina del estado que podría ser una desestimación del caso por ser inválidos a investigar.

A través de este proceso, el estado de Chihuahua buscará que el estado de Texas pueda resolver si los bienes de Duarte en el extranjero fueron adquiridos con recursos ilegales, los cuales se aproximan a los 25 millones de pesos, en propiedades, vehículos y otros bienes inmuebles con los que cuenta esta familia en los Estados Unidos.

Chihuahua

César Duarte libra demanda en Texas: juez desestima acusación por falta de pruebas

El Paso, Texas.— El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, obtuvo un fallo favorable en Estados Unidos luego de que un juez del condado de El Paso desestimara una demanda en su contra por la presunta adquisición ilícita de al menos 50 propiedades valuadas en 25 millones de dólares. La decisión se basó en la falta de pruebas suficientes para sostener las acusaciones.

El recurso había sido presentado por Javier Corral Jurado, también exgobernador de Chihuahua y actual senador, quien afirmó que Duarte acumuló ese patrimonio inmobiliario durante su mandato al frente del estado entre 2010 y 2016, utilizando presuntamente recursos de origen ilícito.

El juez Rubén Morales, encargado del caso, dictaminó que los elementos presentados no permitían probar una conducta delictiva por parte del exmandatario. Con ello, la demanda quedó formalmente desechada en territorio estadounidense.

En respuesta al fallo, Corral sostuvo que la resolución no niega la existencia de las propiedades, sino que obedece a criterios procesales sobre la solidez de las pruebas. Aclaró también que la denuncia no fue de carácter personal, sino parte de una estrategia legal del gobierno de Chihuahua que derivó en más de 20 órdenes de aprehensión contra Duarte y su círculo cercano.

Cabe recordar que César Duarte fue detenido en Miami, Florida, en julio de 2020, a solicitud del gobierno mexicano, y posteriormente extraditado. Desde 2024, enfrenta en México diversos procesos penales relacionados con presuntos desvíos de recursos públicos, aunque permanece en libertad condicional mientras se desahogan los procedimientos judiciales.

La resolución del tribunal texano representa un revés para las acciones legales impulsadas desde México para recuperar activos supuestamente adquiridos con dinero público, aunque no detiene las causas abiertas en el país. Duarte sigue bajo observación judicial por delitos que incluyen peculado, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.

El caso continúa siendo uno de los más representativos en la lucha contra la corrupción de exgobernadores en el país, en un contexto donde las resoluciones en tribunales extranjeros también influyen en el debate político y jurídico nacional.

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