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César Duarte gastó más de mil millones de pesos del erario para pagos de sobornos y de campañas políticas

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, usó más de 1,000 millones de pesos del erario para campañas electorales y sobornos con la finalidad de obtener el apoyo de políticos, funcionarios y líderes religiosos y de opinión;  y para ello, realizó más de 1,000 entregas a al menos 100 personas en distintos montos, así lo señala la indagatoria realizada por la Fiscalía General de Justicia del estado.

De acuerdo con el documento al que Mileniotuvo acceso, el dinero era transportado en maletas que salían de la capital del estado con destino a la Ciudad de México y eran distribuidas entre funcionarios del gobierno federal de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto: priistas, senadores, diputados federales, líderes religiosos y de opinión, pero también para sus familiares y amigos para gastos personales.

“Se trataba de dinero público que el entonces gobernador utilizaba para obtener el apoyo de diferentes sectores de influencia, tales como políticos, funcionarios, diputados locales y federales, líderes religiosos y de opinión, pero también para sus familiares y amigos y gastos personales. Fueron más de mil entregas a más de 100 personas en distintos montos”, se puntualiza en el expediente del caso de la llamada nómina secreta de César Duarte.

La detención de Cristopher James Barousse, ex presidente de la Red de Jóvenes X México del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destapó una red de beneficiarios del ex gobernador de Chihuahua. De acuerdo con las autoridades ministeriales, las pesquisas sobre el joven priista reconocido como el “brazo operador” de Duarte Jáquez, se soportan por el desvío de “más de mil millones de pesos” que “se utilizaron para pagar campañas y sobornar a actores políticos y sociales”.

El medio destaca que de acuerdo con priistas consultados, señalan a James Barousse como cercano al grupo del ex presidente, Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Fue nombrado dirigente de la Red de Jóvenes X México en 2014 por César Camacho, quien en ese entonces era líder nacional del tricolor.

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de Chihuahua, fue desde esa posición que Barousse se encargó de trasladar físicamente los recursos del gobierno de Chihuahua a la Ciudad de México. El dinero era presuntamente entregado al secretario de Finanzas del tricolor, Luis Vega, quien era el encargado de repartir los recursos a campañas y candidatos.

Luis Vega, también cercano a Peña Nieto y a Luis Videgaray, está incluido en la denuncia presentada por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien lo señala como encargado de repartir sobornos dentro del Revolucionario Institucional para votos a favor de las reformas estructurales del gobierno pasado y pago de campañas.

El medio destaca que, hasta el momento, la Fiscalía de Chihuahua ha logrado comprobar la operación de 2 millones 600 mil pesos, por parte de James Barousse durante 2014 y 2016.

Chihuahua

El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!

Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.

Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.

En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.

De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.

Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.

Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.

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