El gobernador electo, Javier Corral Jurado mantiene su determinación de meter a la cárcel a César Duarte, quien le entregará la gubernatura el próximo 4 de octubre, y acabar con el «pacto de impunidad” y la corrupción política que carcome a su Estado.
El mandatario electo reitera: «La corrupción política se expresó de una manera tan cínica e impúdica que la ciudadanía tomó la decisión de escoger un cauce para hacer justicia y con una trayectoria —creo que la mía— (votó) para acabar con el ‘pacto de impunidad’ en Chihuahua”.
Duarte niega esas acusaciones y reta a Corral a que compruebe los cargos que denuncia, y de paso se burla de la advertencia del panista de meterlo preso.
—En Chihuahua, analistas y la gente dicen que incumplir su palabra sobre Duarte sería su ruina política; si cumple, dicen otros, eso lo elevaría de manera natural a probable candidato a la Presidencia para 2018. ¿Comulga usted con esto? —pregunta Proceso a Corral.
—El tema de la corrupción de Duarte nunca lo enderezamos desde ninguna perspectiva electoral, ni su consecución tendrá como objetivo que yo sea candidato a la Presidencia… El asunto de la corrupción de Duarte es una causa obligada, uno de los temas más importantes para sanear la vida del país. El castigo a la corrupción política de Duarte es una de las causas más obligadas, necesarias de lo que es la resignificación de la política en México.
Desde septiembre de 2014, el abogado Jaime García Chávez presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Duarte por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones (expediente: AP/PGR/UEAF/001/2014) y otra similar ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Los días posteriores a los comicios, cuando se supo que el PRI había sido derrotado y la mayoría representativa en el Congreso Estatal, la oficina del gobernador electo recopiló más de 300 denuncias de empleados estatales que acusan a Duarte y su gobierno de corrupción (Proceso 2070).
Asimismo, hace varias semanas autoridades judiciales de España demandaron a Duarte, a su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, y a su socia, Alma Delia Martínez Corrujedo —accionista de Unión Progreso, la institución financiera del mandatario saliente en proceso de convertirse en banco— por una deuda de casi 4 millones de dólares que presuntamente quiso pagar en parte con recursos estatales (Proceso 2075).
HERENCIA FUNESTA
Javier Corral elige muy bien las palabras cuando habla de las demandas contra Duarte. Dice que «nadie debe tener duda”, e insiste en que cumplirá con lo que prometió, siempre apegado a los procedimientos legales y al debido proceso, sobre todo porque, insiste, se trata de «uno de los enriquecimientos ilícitos más brutales de los últimos tiempos en el país”.
El lunes 22, Duarte acudió a los estudios de Televisa en la Ciudad de México, donde fue entrevistado por el conductor del noticiario Despierta, Carlos Loret de Mola, y negó las acusaciones sobre corrupción y enriquecimiento ilícito.
El conductor le preguntó al mandatario sobre sus múltiples propiedades, sobre Unión Progreso y los movimientos y transacciones realizadas con dinero del Estado durante su gestión a través de la sociedad financiera que tiene con su esposa. Duarte argumentó que todo lo que posee es legal y legítimo y aseguró que tiene la manera de comprobarlo.
Corral dice que no le inquieta que el gobernador presuma tener las pruebas para demostrar su inocencia. En el expediente que la Procuraduría General de la República tiene abierto en su contra, insiste, están las evidencias con las cuales se desmiente el argumento que el mandatario estatal fue a exponer a Televisa en la Ciudad de México.
«La de Duarte es una fortuna multimillonaria sin asidero, sin origen real; es una fortuna amasada con base en el uso del gobierno, de la información del gobierno, de los programas, del presupuesto, etcétera, etcétera. Que nadie lo dude: Tenemos la decisión y la voluntad de ir con todo a hacer justicia en el Estado”, expone el entrevistado.
Duarte dejará a esa entidad con una deuda superior a los 46 mil millones de pesos; es decir, heredará a Corral una hacienda en bancarrota.
FORTUNA MAL HABIDA
La corresponsal Patricia Mayorga documentó en las páginas de este semanario el negocio ganadero de Duarte en la entidad. En 2005, por ejemplo, creó la asociación Unión Ganadera División del Norte como un instrumento para que los productores chihuahuenses tuvieran acceso a créditos y subsidios.
En septiembre de 2011, la asociación estaba entre los 10 principales clientes de Unión de Crédito Progreso, con un saldo de 20 millones de pesos; actualmente es el único cliente con garantía líquida, pues el resto tiene garantía hipotecaria.
Según Corral, el caso Duarte no tiene vuelta de hoja. Es responsabilidad ciudadana procesarlo por el delito de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Dice que no es revanchismo político o venganza personal, mucho menos una oferta de campaña. Y aclara: Hasta hace seis meses no tenía la menor intención de buscar la gubernatura de Chihuahua e incluso rechazó la propuesta en varias ocasiones.
La elección de Enrique Peña Nieto como presidente del país, según Corral, implicó el regreso de las viejas políticas del PRI. Eso es, para Corral, la gran evidencia de que existe el «pacto de impunidad” en materia de corrupción:
«Aquí está el régimen frente a nosotros: Agotado, en el ocaso. La corrupción política lo ha colapsado, lo ha devorado. Y obviamente estoy convencido de que seremos los chihuahuenses los que tengamos que hacer eso, porque confiar en que la federación lo haga sería un acto de ingenuidad de nuestra parte”.
«El Ministerio Público federal ya tiene hoy, mientras se realiza la entrevista, los elementos suficientes para ejercer la acción penal contra Duarte. Ya cuenta con ellos, yo conozco el expediente”, sostiene Corral.
Respecto a otros casos que implican a gobernadores, alcaldes, legisladores locales y federales en escándalos de corrupción, indica que muchos son sólo golpes mediáticos y forman parte de lo que él llama «pactos de impunidad”.
De ahí su insistencia, dice, en engordar el expediente de la PGR contra Duarte. «Sería como el colmo de los colmos que frente a las evidencias las autoridades le dieran carpetazo. (En ese expediente) están planteados (los delitos de) peculado, enriquecimiento ilícito, uso abusivo de funciones y facultades, uso indebido de funciones, lavado de dinero”.
PRIMERO, LOS COMPROMISOS
Durante la entrevista del lunes 22, el conductor de Despierta, Loret de Mola, le preguntó a Duarte a cuánto ascendía su fortuna, y él respondió que era de unos 100 millones de pesos.
Independientemente del expediente de la PGR, Corral destaca la investigación que deberá iniciar el Ministerio Público del estado de Chihuahua en el caso de Duarte, pues ahí se consignan datos muy relevantes que no quiso revelar por el acuerdo de confidencialidad que suscribió con las autoridades estatales.
«Le puedo decir que en ese expediente hay una versión totalmente distinta a la que el gobernador Duarte expuso ante Loret de Mola. Ahí hay declaraciones contradictorias”.
Dice que está consciente de lo que generó el caso Duarte entre los ciudadanos de Chihuahua; de ahí su compromiso para que se haga justicia. «También sé lo que significa y lo que significaría romper realmente el ‘pacto de impunidad’, que es no solamente llevar a la cárcel a un gobernador como Duarte, sino, lo más importante, una acción resarcitoria.
«Esto es, recuperar los bienes y el dinero robado para regresarlo al patrimonio de los chihuahuenses. Ahí estaríamos realmente redondeando el combate a la impunidad. Desde muchas partes del país me dicen: Se trata de la esperanza que constituye Chihuahua por lo emblemático que resulta para el propio PAN. Y debo aceptarlo, también, por el nivel de compromiso público que yo tengo con estos temas, desde el parlamento mexicano”, comenta el gobernador electo.
E insiste: «No tengo el objetivo de participar a la candidatura por la Presidencia de la República”.

Diario de Coahuila
Escrito por APRO