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Duarte

César Duarte niega que rancho San Isidro sea de su propiedad

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaquez, negó que sea de su propiedad el rancho San Isidro, el cual fue asegurado el pasado 10 de marzo por la Fiscalía General de la entidad, tal y como lo señaló el gobernador Javier Corral.

En una carta, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, abogado del exmandatario priista, señaló que esto forma parte de las diversas “manifestaciones falsas” por parte del gobierno de Chihuahua.
“Mi defendido no es propietario ni poseedor del rancho denominado San Isidro, siendo absolutamente falso la afirmación del gobernador del estado de Chihuahua que ese predio le pertenece. Categóricamente rechazamos cualquier vínculo de propiedad o posesión con el predio denunciado”.

En la misiva, Reyes Retana hizo una “cordial invitación publica a Javier Corral para que se conduzca con verdad ante el pueblo de Chihuahua y deje de violentar los derechos humanos” de su defendido.

 

Chihuahua

El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!

Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.

Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.

En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.

De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.

Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.

Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.

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