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Opinión

César Duarte: opulencia podrida. Por Caleb Ordóñez T.

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Caleb Ordóñez T.

Exhibido, descubierto y decadente. Su rostro muestra el cansancio y la derrota; el hastío de ser un perseguido, en las manos del poder.

César Duarte fue capturado en un taller de autopartes usadas, un negocio que conoce bien, pues desde sus inicios como comerciante “chueco” se dedicó a la transa vendiendo autopartes y automóviles en lotes irregulares.

Es difícil imaginar cómo fue que de aquel “trono” que fue construyendo desde el gobierno de Chihuahua; su caída fue tan deprimente: como un fugitivo que se hacía pasar por empleado del humilde taller “Chávez auto parts” en Miami, Florida.

César Duarte y EPN.

Ese hombre antes humillaba a sus subalternos, amenazaba a sus adversarios, encarceló a sus críticos y ostentaba el poder de manera corrupta como pocos personajes se han conocido en la historia de aquel estado norteño.

Grandeza monstruosa

“Cuando sea gobernador subiré con mi caballo las escaleras del palacio de gobierno, como le hubiera gustado a mi general (Francisco) Villa”, lo escuché decir alguna vez.

No fue así, pero el día que asumió el poder, aquel 4 de octubre de 2010, el evento fue faraónico. Ahí estaban los gobernantes de distintos estados, de todos los partidos políticos, entre ellos el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Ahí también, líderes sindicales, como la maestra Elba Esther Gordillo.

Cuando Duarte tomó la palabra para protestar como gobernador aseguró que quería ser recordado como “el gobernador que puso orden en Chihuahua”. ¡El poder es para poder y no para no poder!, gritó el recién ungido, ocasionando que los miles de testigos en el centro histórico de la capital del Estado aplaudieran. Era una escena que asemejaba al coliseo romano. Apenas el “imperio” comenzaba.

Es importante recordar esa fecha, pues desde ese día, Duarte Jáquez ordenó a su secretario de Hacienda (su socio y delator) Jaime Herrera Corral que dispusiera en forma inmediata de un fondo especial de 100 millones de pesos para, supuestamente, apoyar las familias afectadas por el crimen organizado. Desde entonces las arcas del gobierno fueron mermando a través de múltiples endeudamientos.

Los antojos de Duarte eran pagados, todos y cada uno, con dinero público. Desde las varias botellas “Petrus” que firmaba, con un costo mayor a $97,000 pesos en un restaurante local, como denunció el portal Segundo a Segundo http://segundoasegundo.com/duarte/ , se fue desenmascarando un sexenio lleno de polémicas y corruptelas exageradas.

El entonces gobernador compraba el “mercedes Benz” de $858 mil pesos con dinero del gobierno.

Gracias a los esfuerzos periodísticos de Sergio Valles, las denuncias públicas y jurídicas por parte de Jaime García Chávez y la exigencia desde la tribuna legislativa en el Senado de Javier Corralse fue descubriendo cada uno de los terribles delitos desde el poder: decenas de ranchos comprados que representan miles de kilómetros cuadrados.

El nepotismo imperante, al colocar a varios (muchos) familiares en lugares estratégicos, a tal grado de imponer a su hermano mayor Ricardo Duarte Jáquez como rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La caída del César fue forjándose a partir del 14 de septiembre del 2014 cuando el abogado García Chávez lo denunció penalmente ante la Procuraduría General de la República por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades. Todo ello a causa de un contrato de fideicomiso constituido por el gobernador y su esposa, Bertha Gómez, dicho contrato fue fondeado con recursos ilícitos, y que serviría, a su vez, como contrato de compra de acciones de lo que sería el Banco Progreso Chihuahua.

La embriagante avaricia de Duarte no cesaba. Ha sido denunciado de haber “comprado” diputados de todos los partidos políticos, para aprobar la bursatilización de bonos carreteros que condenaría a Chihuahua a tener una deuda de 55 mil millones de pesos al finalizar el sexenio duartista. Lo logró.

La justicia llega

Sin embargo, a pesar de todas las acusaciones y que el alfil de su partido, Enrique Serrano, perdiera la elección frente a Javier Corral, parecía que todo le salía bien al parralense, o eso intentaba aparentar, mientras pagaba para que se corrieran rumores que sería presidente del PRI o precandidato a la presidencia de la República. Mentira tras mentira.

Frente a la periodista Azucena Uresti, un soberbio y envalentado Duarte aseguraba: “Por ningún motivo me verán en la cárcel”.

Pasaron años para que César Duarte fuera finalmente aprehendido, en aquella histórica visita del presidente López Obrador al xenófobo y racista Donald Trump.

Duarte capturado.

Ese fatídico, 8 de julio para el exgobernador, su mayor enemigo y persecutor, Javier Corral señaló: “Mientras la memoria no se rinda y la voluntad política no se quiebre, la justicia llega”.

Lo de Duarte apenas empieza, pues de su juicio saldrá demasiada pus de corrupción imperante durante años y deberá devolver todo lo que se le acusa haber robado.

Es importante la reflexión de su hundimiento. De cómo la opulencia puede pudrirse cuando ésta es obtenida por los negocios a partir del poder; por la miseria moral y mezquindad presente en aquel que no solo comete corrupción, sino se sirve de su posición para corromper a otros.

La historia de Duarte Jáquez debe ser expuesta, sobre todo a las nuevas generaciones, con la moraleja que en este país tenemos que cambiar sí o sí, que debemos abandonar los ensueños de riqueza emanada de la transa y el saqueo del dinero público.

Porque la corrupción no solo empobrece a las comunidades. Esos miles de millones embolsados destruyeron vidas, sometieron a la violencia a los ciudadanos, a la adicción y la desesperanza.

Por eso y mucho más, la historia decadente del gobernador que se creyó invencible, debe de ser contada una y otra vez.

Nota: Esta opinión fue publicada en Expansión Política.

Opinión

Estados Unidos comienza a sentir los efectos de una política de inmigración cercana a cero

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A un año del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, diversas comunidades y sectores económicos de Estados Unidos comienzan a registrar los efectos de una reducción sostenida de la población nacida en el extranjero. Hospitales, empresas, escuelas y organizaciones comunitarias enfrentan ausencias que ya impactan su funcionamiento cotidiano.

De acuerdo con estimaciones de Oxford Economics, la inmigración neta se ubica actualmente en alrededor de 450 mil personas al año, una cifra muy inferior a los dos o tres millones anuales registrados durante la administración anterior. En 2024, la población nacida fuera del país alcanzó el 14.8 por ciento del total nacional, el nivel más alto desde 1890, aunque la tendencia apunta a una desaceleración marcada.

Las restricciones incluyen el aumento de tarifas de visas, una reducción casi total en la admisión de refugiados, la caída en el ingreso de estudiantes internacionales y la eliminación de programas de estatus legal temporal. El gobierno federal ha informado la expulsión de más de 600 mil personas, mientras que funcionarios han señalado que el objetivo es aproximarse a un escenario similar al de la década de 1920, cuando la inmigración neta llegó a cero.

Los cambios ya se reflejan en distintas regiones del país. En Luisiana, empresas constructoras reportan escasez de mano de obra; en Virginia Occidental, hospitales han perdido médicos y enfermeras formados en el extranjero; y en ciudades como Memphis, ligas deportivas comunitarias han visto disminuir su participación. En zonas con alta presencia migrante, comercios, iglesias y eventos culturales registran menor afluencia por el temor a detenciones.

En Marshalltown, Iowa, una ciudad donde cerca del 19 por ciento de la población es extranjera y se hablan decenas de dialectos en las escuelas públicas, las consecuencias también son visibles. Plantas procesadoras han reducido personal por la expiración de permisos laborales, proyectos de construcción se han visto afectados y familias inmigrantes han optado por retirar a sus hijos de las aulas ante la incertidumbre.

El impacto se extiende a sectores clave como la salud, la agricultura y el cuidado de personas mayores, donde una parte significativa de la fuerza laboral es inmigrante. Autoridades locales, empresarios y académicos coinciden en que, aunque los empleadores buscan alternativas como la automatización o el traslado de operaciones, muchas actividades siguen dependiendo del trabajo presencial.

Especialistas advierten que, a largo plazo, una inmigración reducida podría agravar los efectos del envejecimiento poblacional y limitar el crecimiento económico, especialmente en comunidades que han dependido de la llegada de nuevos habitantes para sostener su desarrollo.

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