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México

Cese de Santiago Nieto es un acto “autoritario” para tener una FEPADE a modo en 2018: PAN

La destitución del fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, es un acto “francamente autoritario”, afirmó el Partido Acción Nacional (PAN), luego de advertir que la decisión se produce en medio de la investigación que se sigue sobre los presuntos sobornos de la empresa Odebrecht al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, que habrían ido a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

El pronunciamiento de la Comisión Permanente del PAN, aprobado por unanimidad, fue leído por el presidente de ese partido, Ricardo Anaya, quien expuso que la remoción de Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) es contraria al interés nacional de contar con una procuración de justicia imparcial y objetiva.

“Es inaceptable que esta destitución se produzca en medio de la profunda investigación sobre los presuntos sobornos de Odebrecht al extitular de Pemex, Emilio Lozoya, durante la campaña presidencial de 2012. Además, esta decisión de la Procuraduría General de la República enrarece el ambiente de cara a la elección presidencial del próximo año, ya que da la impresión de que se pretende tener un titular de la FEPADE a modo”.

En su pronunciamiento, el PAN destacó el contexto del despido de Nieto Castillo: “Esta destitución no es un caso aislado, pues se da en el marco del regreso de las peores prácticas antidemocráticas y autoritarias por parte de este gobierno, tales como el espionaje a periodistas y activistas de la sociedad civil, o el golpeteo contra los políticos de oposición”.

Por ello, anunció, “la Comisión Permanente determinó también solicitar a los senadores de la República ejercer su facultad constitucional para objetar esta remoción que es inaceptable”.

Por separado, el abogado general del PAN y representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Eduardo Aguilar, atribuyó el cese del fiscal a pesquisas que mantenía por desvíos al PRI en Coahuila.

A través de su cuenta de Twitter, Aguilar también reveló que “Santiago Nieto requirió información sobre programas sociales a Eruviel Ávila y dos secretarios se ampararon”.

Y es que el pasado miércoles 18, Nieto Castillo –elegido en febrero de 2015 como fiscal para un periodo que debe terminar el 30 de noviembre de este año– reveló que Lozoya le envió una carta para que lo exculpara del presunto soborno de 10 millones de pesos de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios de Pemex, entre ellos él como director de Pemex, y cuyos fondos habrían ido a la campaña del PRI en 2012.

“Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en dónde estudió. Nunca entendí esta parte”, declaró Nieto Castillo al diario Reforma.

“Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar’. Esto es lo que me parecía particularmente grave”, subrayó el fiscal.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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