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CFE es acosada y extorsionada por el crimen organizado en el norte y occidente del país

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es acosada, extorsionada y amenazada por el crimen organizado en el norte y occidente del país, el cual, suplanta las funciones de la paraestatal para cobrar el servicio de luz a empresas maquinadoras, según publica hoy el diario Reforma.
El periódico capitalino hoy destaca las declaraciones del subdirector de la Gerencia Física de Seguridad de CFE Gustavo Cuevas quien narró cómo integrantes del narcotráfico intimidan a la CFE para que quite la seguridad, los soldados e incluso amagan con derrumbar los helicópteros de la paraestatal. Además denunció que hay secuestros en el norte del país recordando que hay un superintendente desaparecido en Reynosa, Tamaulipas.
Durante una ponencia dentro de la Expo Seguridad 2017, el directivo de la CFE platicó la forma en que los extorsionan, principalmente a las plantas de distribución, donde venden el energético, “porque saben que es donde está el dinero, y ahí les hablan a los superintendentes y les dicen: ‘Necesito que me des tanto, que hay que cooperar’”, indicó Cuevas.
“Se da mucho el tema de que llegan a una empresa, a una maquiladora, y le dicen: ‘A partir de hoy, tú no pagas la luz. Me la vas a pagar a mí’ [….] A la hora que esa empresa requiere el servicio viene el problema, pero tampoco se le puede cortar porque también está amenazado el superintendente (para no cortarla)” expuso, según recoge hoy Reforma.
El problema se empieza a extender en otras partes del país como el occidente. A decir del funcionario, en Nayarit, las plantas la presa La Yesca, entre Jalisco y Nayarit, así como en la presa El Cajón y la central hidroeléctrica Aguamilpa empezaron a ser acosadas por criminales.
Además, Cuevas expone que aunque la CFE tiene acuerdos de seguridad con la Sedena y la Marina para el resguardo de 125 instalaciones o plantas, el acoso y amenazas llegan directamente a los superintendentes para que ordenen retirar la seguridad, e incluso amagan con derrumbar aeronaves oficiales de supervisión.
“ha sido un tema de acoso hacia los superintendentes, de que les dicen: ‘Quita los soldados, quita tu seguridad’. La inseguridad está enfocada al narcotráfico y al tema social (manifestaciones o reclamos ejidales). […]Puedo asegurar que en las líneas de alta tensión han quitado helicópteros de supervisión. Han llamado para decir: ‘Quita tu helicóptero o lo bajo’”, expuso en su mensaje.

Sin Embargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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