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México

CFE destraba incentivos para detonar techos solares

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desistió finalmente del amparo promovido contra las Disposiciones Administrativas de Carácter General emitidas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en materia de generación distribuida, con lo que avanza hacia el marco de incentivos para quienes generen mediante techos solares, a los que la estatal podrá devolverles lo que aporten en forma de energía o en efectivo.

El valor potencial del mercado de generación distribuida en el país supera los 500 millones de dólares; según la CFE, se han firmado 60,000 contratos bilaterales de interconexión a la red en generación distribuida —con techos solares de capacidad inferior a 500 kilowatts— tanto entre usuarios comerciales como domésticos, mientras que hay más de 420,000 usuarios domésticos de alto consumo (DAC) cuyo esquema tarifario resultaría mucho más conveniente si instalaran sistemas fotovoltaicos en sus techos, reduciendo su consumo a niveles básicos y vendiendo los excedentes a la red y cuya inversión retornaría entre cuatro y siete años.

Cabe recordar que en marzo del 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación estas disposiciones con los nuevos modelos de contrato que los usuarios pueden utilizar para la producción de energía solar en instalaciones de páneles fotovoltaicos menores a 500 kilowatts, pero, en abril, la filial Suministrador Básico de la CFE interpuso un amparo contra estas reglas asegurando que el esquema provocaría pérdidas para la empresa. El amparo fue turnado a un tribunal especializado en competencia económica y devuelto a un tribunal administrativo, ante el cual la CFE se desistió en días pasados.

Así, se podrán implementar los tres esquemas legalmente establecidos para la autogeneración de electricidad en el país: el net metering en que se devuelve como energía lo que se inyecta a la red; el net billing, en que se paga en efectivo a precio marginal local el excedente que se inyecta a la red, y la venta total de energía, con que algunos productores que no requieran el consumo podrán inyectar su electricidad a la red y recibir los respectivos pagos.

Para la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) el retiro del amparo es una muestra de la madurez que ha alcanzado el mercado de generación distribuida. “Confiamos en que las áreas de oportunidad, que ofrecen las disposiciones, serán atendidas correctamente por el regulador, para que este sector crezca 200% o más”, refirió la ANES.

En el 2017 los contratos del esquema de net metering aumentaron 92% en número de interconexiones y 63% en capacidad instalada, lo que equivale a 28,000 contratos nuevos, para acercarse a los 60,000 acumulados y superar 400 MW de capacidad instalada.

Se estima que, de aumentar el crecimiento de la generación distribuida, para el 2030, se podría alcanzar 19,000 megawatts (MW), así como generar más de 1 millón de empleos en el sector, como instaladores, vendedores, entre otros.

Precio marginal local, el más bajo posible

Héctor Hernández, secretario general de la ANES, explicó a El Economista que la decisión de la CFE obedece a que existe toda una lógica en la determinación del precio marginal local de la energía, que llevará a la CFE a comprar energía a precio competitivo de los usuarios autogeneradores.

La CRE cuenta con lo que resta del año para publicar la modificación a las disposiciones administrativas en la materia, mientras que la CFE tiene 100 días para publicar el esquema de facturación ajustado para estas actividades, detalló.

El Economista

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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