Conecta con nosotros

México

CFE destraba incentivos para detonar techos solares

Published

on

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desistió finalmente del amparo promovido contra las Disposiciones Administrativas de Carácter General emitidas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en materia de generación distribuida, con lo que avanza hacia el marco de incentivos para quienes generen mediante techos solares, a los que la estatal podrá devolverles lo que aporten en forma de energía o en efectivo.

El valor potencial del mercado de generación distribuida en el país supera los 500 millones de dólares; según la CFE, se han firmado 60,000 contratos bilaterales de interconexión a la red en generación distribuida —con techos solares de capacidad inferior a 500 kilowatts— tanto entre usuarios comerciales como domésticos, mientras que hay más de 420,000 usuarios domésticos de alto consumo (DAC) cuyo esquema tarifario resultaría mucho más conveniente si instalaran sistemas fotovoltaicos en sus techos, reduciendo su consumo a niveles básicos y vendiendo los excedentes a la red y cuya inversión retornaría entre cuatro y siete años.

Cabe recordar que en marzo del 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación estas disposiciones con los nuevos modelos de contrato que los usuarios pueden utilizar para la producción de energía solar en instalaciones de páneles fotovoltaicos menores a 500 kilowatts, pero, en abril, la filial Suministrador Básico de la CFE interpuso un amparo contra estas reglas asegurando que el esquema provocaría pérdidas para la empresa. El amparo fue turnado a un tribunal especializado en competencia económica y devuelto a un tribunal administrativo, ante el cual la CFE se desistió en días pasados.

Así, se podrán implementar los tres esquemas legalmente establecidos para la autogeneración de electricidad en el país: el net metering en que se devuelve como energía lo que se inyecta a la red; el net billing, en que se paga en efectivo a precio marginal local el excedente que se inyecta a la red, y la venta total de energía, con que algunos productores que no requieran el consumo podrán inyectar su electricidad a la red y recibir los respectivos pagos.

Para la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) el retiro del amparo es una muestra de la madurez que ha alcanzado el mercado de generación distribuida. “Confiamos en que las áreas de oportunidad, que ofrecen las disposiciones, serán atendidas correctamente por el regulador, para que este sector crezca 200% o más”, refirió la ANES.

En el 2017 los contratos del esquema de net metering aumentaron 92% en número de interconexiones y 63% en capacidad instalada, lo que equivale a 28,000 contratos nuevos, para acercarse a los 60,000 acumulados y superar 400 MW de capacidad instalada.

Se estima que, de aumentar el crecimiento de la generación distribuida, para el 2030, se podría alcanzar 19,000 megawatts (MW), así como generar más de 1 millón de empleos en el sector, como instaladores, vendedores, entre otros.

Precio marginal local, el más bajo posible

Héctor Hernández, secretario general de la ANES, explicó a El Economista que la decisión de la CFE obedece a que existe toda una lógica en la determinación del precio marginal local de la energía, que llevará a la CFE a comprar energía a precio competitivo de los usuarios autogeneradores.

La CRE cuenta con lo que resta del año para publicar la modificación a las disposiciones administrativas en la materia, mientras que la CFE tiene 100 días para publicar el esquema de facturación ajustado para estas actividades, detalló.

El Economista

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

Published

on

El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto