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CFE gastó 5.2 mdp en las liquidaciones de los últimos 4 directores que renunciaron

En los últimos cinco años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagó 5.2 millones de pesos por las liquidaciones de cuatro exdirectores que estuvieron menos de tres años en el cargo y renunciaron: Antonio Vivanco, Jaime González, Francisco Rojas y Enrique Ochoa.
El de menor antigüedad es Jaime González Aguadé, actual director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Dirigió la CFE sólo cinco meses y recibió 687 mil pesos de liquidación. Es decir, por renunciar obtuvo un monto equivalente al salario por cuatro meses de trabajo.
Los cálculos de la CFE revelan que la salida de los exfuncionarios fue tratada legalmente como un despido por parte de la empresa y, por tanto, recibieron “indemnizaciones” económicas, aunque en todos los casos fueron de renuncias.
El cálculo por concepto de “separación voluntaria” (renuncia) para los cuatro exfuncionarios sumaría sólo 732 mil pesos de compensación económica; es decir, siete veces menos de lo que finalmente la CFE pagó por concepto de liquidaciones.
A partir de documentos enviados a la alianza Méxicoleaks https://mexicoleaks.mx, de la que Animal Político es parte, se comprobó que Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, consiguió 1.2 millones de pesos como liquidación tras su renuncia a CFE el pasado 8 de julio.
Representantes de la Comisión aseguraron que el monto calculado para el priista fue correcto y se ha aplicado el mismo método para todos los exdirectores, según lo establece el reglamento que rige los contratos de altos mandos de empresa productiva del Estado.
Según documentos obtenidos por los medios que conforman Méxicoleaks, la CFE ha repetido el procedimiento administrativo para dar millones de pesos de recursos públicos a quienes dejan el cargo de la empresa.
Sin embargo, abogados laborales consultados, aseguran que se trata de un “pago indebido”, toda vez que una “liquidación” sólo aplica cuando el trabajador es despedido. Según la Ley Federal del Trabajo, cualquier trabajador que renuncia a su empleo sólo tiene derecho a la parte proporcional de sus prestaciones con base en su antigüedad.
Pero estos funcionarios públicos han tenido un trato distinto.
Antonio Vivanco Casamadrid fue director de la CFE durante un año y cuatro meses. Fue nombrado por el expresidente Felipe Calderón el 18 de febrero de 2011, pero por motivos de salud renunció al cargo el 29 de junio de 2012.
Su liquidación ascendió a un millón 326 mil pesos brutos. Sin impuestos, el monto fue de 957 mil 552 pesos. Si su salario por día era de seis mil 807 pesos, prácticamente ganó cuatro meses de salario sin trabajar.
Esto se explica, según el abogado general de la CFE, Roberto Martínez, porque los contratos de los directores están regidos por el Manual de trabajo para los servidores públicos de mando, mientras que el resto de empleados se rigen bajo el Contrato colectivo de trabajo.
El Manual para mandos prevé dos supuestos para las “separaciones”, según el artículo 33. El primero se refiere a los casos de separación por “voluntad propia”, donde el trabajador recibe una serie de beneficios económicos como “compensación” y sólo incluye el pago de 20 días por año y un pago por antigüedad mínima de tres años
En el segundo supuesto, por “liquidación”, el empleado recibe una “indemnización” que incluye 120 días de salario, más 35 días por cada año de servicio y 20 días más por cada año de servicio. Por tanto, el cálculo para la separación por “liquidación” es mayor que la de “voluntad propia”.
Si Vivanco Casamadrid hubiera recibido la compensación económica por “separación por voluntad propia”, el monto ascendía a 185 mil 358 pesos brutos. En cambio, la cantidad que recibió por concepto de “liquidación” fue cinco veces mayor.
Jaime González Aguadé fue el de menor tiempo laborado (cinco meses); por lo tanto, el monto de compensación sólo por la parte proporcional ascendía a 55 mil 520 pesos. Pero al considerarse como “liquidación”, recibió 687 mil 741 pesos. Esto significa un monto 12 veces mayor.
Al salir de CFE, fue nombrado presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda que regula el sistema financiero del país. Antes fue subsecretario de Electricidad en la Secretaría de Energía y trabajó en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Francisco Rojas Gutiérrez fue el primer director de la CFE en la administración de Enrique Peña Nieto. Sólo estuvo en el cargo un año y 66 días (del 1 de diciembre de 2012 al 5 de febrero de 2014).
Con dicha antigüedad, su liquidación bruta calculada fue de un millón 258 mil pesos, pero restándole impuestos, se llevó 878 mil 973 pesos libres.
Con el cálculo por renuncia, el monto hubiera sido de 160 mil 743 pesos de compensación económica acorde a su antigüedad. Una cifra cinco veces menor de lo que realmente consiguió.
Rojas Gutiérrez fue coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados entre 2009 y 2012 y dirigió Petróleos Mexicanos por siete años, hasta 1994. En el PRI ha encabezado distintos cargos presidente de la Fundación Colosio y posiciones en el Consejo Político Nacional.
La Ley del beneficio
Los altos mandos de la CFE firman un contrato bajo los términos del Manual de trabajo para los servidores públicos de mando y no del Contrato colectivo de trabajo, aplicado para el resto de empleados de la empresa.
Dicho instrumento es aprobado por el Consejo de Administración de CFE, integrado por los secretarios de Energía, Hacienda, Pedro Joaqúin Coldwell; José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público; Ildefonso Guajardo Villareal, secretario de Economía y Rafael Pacchiano, secretario de Semarnat, entre otros independientes.
Según el director de administración de la CFE, Héctor de la Cruz, un director siempre recibirá el beneficio económico de “liquidación” y no renuncia porque “todos los directores se separan del cargo. A diferencia del contrato colectivo donde si hay causales, aquí no opera ningún tipo de causal, precisamente pensando en la volatilidad que puedan llegar a tener las designaciones y los movimientos del personal de mando, se les otorga la liquidación que podría haber con este tipo de cargos”.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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