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México

‘Chapo’ contaba con ‘armamento aéreo’: Testigo

El narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes expresó este miércoles que Joaquín “El Chapo” Guzmán se fortaleció tanto entre 2003 y 2007 que incluso tenía en uno de sus ranchos “armamento aéreo”.

En su segundo día como testigo en el juicio contra Guzmán en la corte de Brooklyn, Cifuentes aseguró que luego de que regresara en 2007 a uno de los ranchos del acusado en la sierra cercana a Culiacán encontró cambios significativos en la organización.

El colombiano dejó México en 2003 para volver en 2007. En julio de ese año, de acuerdo con su testimonio, visitó de nuevo uno de los ranchos de Guzmán en la sierra entre Durango y Sinaloa.

El fiscal Adam Fels preguntó a Cifuentes qué cambios había notado cuando volvió a visitar a Guzmán en 2007, a lo que el testigo respondió que “la organización era otra”.

Describió que en el rancho había mucha más gente y mucho más armamento. Además, uno de los asistentes principales de Guzmán, Dámaso “El Licenciado” López, portaba varios teléfonos celulares y radios de comunicación.

Afirmó que en el rancho incluso tenían “armamento aéreo”, aunque Cifuentes no aclaró si esas armas tenían capacidad para derribar aeronaves.

Aclaró que los líderes de la organización eran los mismos, pero que ahora tenían más trabajadores y “más poder”. Precisó que ese poder “era 10 veces mayor” en 2007 que cuatro años antes.

En un viaje posterior realizado en 2009 a uno de los ranchos de Guzmán en la sierra, Cifuentes contó que consumió enfrente de Guzmán un porro de la marihuana que había cultivada en la zona.

“¿Y eso qué te da?”, preguntó Guzma?, según el testimonio de Cifuentes. El testigo invitó a Guzmán a probar el porro, a lo que el acusado accedió para añadir tras unos segundos: “esto a mí no me hace nada”.

Arrestado en Venezuela en 2012, Cifuentes fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2013, cuando se declaró culpable de delitos relacionados con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

Cifuentes Villa pertenece a una familia conocida en Colombia como “el clan Cifuentes Villa”. El testigo mismo describió que su familia, originaria de Medellín, se dedicaba a la producción de cocaína.

En llamadas presentadas por la fiscalía este miércoles, se puede escuchar a la madre, Carlina, así como a hermanas y hermanos de Cifuentes Villa, discutir detalles sobre el tráfico de drogas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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