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México

El Chapo’ Guzmán se niega a cooperar con gobierno de EU, revela abogado

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Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera advirtió este jueves, en voz de su abogado, que no está dispuesto ni a cooperar ni a lograr un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, y que está preparado para ir a juicio y enfrentar los 17 cargos que existen en su contra.

Tras una audiencia celebrada en la corte del distrito este de Nueva York, el abogado Eduardo Balarezo expresó que su cliente tenía la intención de leer una carta ante la corte para expresar precisamente sus intenciones, pero el juez decidió no permitirlo.

Guzmán “quería comunicar a su familia y a quien pudiera estar interesado en que quiere ir a juicio, que no está interesado en cooperar o en lograr un acuerdo con el gobierno. Está interesado en ir a juicio y a tener su día de justicia ante la corte, señaló Balarezo.

Cuestionado sobre si ese mensaje era dirigido a alguien en particular, el abogado precisó que aquellos a los que iba dirigido el mensaje saben quiénes son.

El juez Brian Cogan fijó el inicio del juicio de Guzmán para el 5 de septiembre próximo, fecha en que comenzará a seleccionarse el jurado, cuyos miembros estarán protegidos durante la duración del proceso legal.

Durante la audiencia, Guzmán fue presentado con un traje azul marino de la prisión de alta seguridad en Manhattan, donde se encuentra detenido desde hace casi 13 meses, luego de su extradición desde México.

Demacrado, Guzmán pareció concentrarse durante la mayor parte del proceso en establecer contacto visual con sus dos hijas y su esposa, Emma Coronel, y lucía poco interesado en los procedimientos legales.

Hacia el final de la audiencia, sin embargo, Guzmán pidió a Balarezo: “dígale el problema que tengo de la cárcel, que estoy enfermo. En lo que representa su primera declaración pública desde su extradición a Estados Unidos, añadió: “estoy enfermo por toda la situación.

Balarezo intentó comunicar al juez lo que había manifestado Guzmán, pero Cogan indicó que el tema no estaba en la agenda, y que los asuntos a tratar debían ser notificado al menos con dos semanas de anticipación a la corte.

En declaraciones a los medios de comunicación fuera de la corte, Balarezo detalló que Guzmán sufre de “severos dolores de cabeza y vomita casi todos los días. Reveló que a diferencia de otros presos, él no puede comprar comida adicional a la que le proporcionan diariamente.

Balarezo agregó que la temperatura es extremosa en la celda de Guzmán, donde hace mucho frío en el invierno y mucho calor en el verano. En ese celda, Guzmán pasa 23 horas encerrado, con una sola hora en que se le permite hacer ejercicio.

“Con esos dolores de cabeza (Guzmán) no se puede enfocar en preparar su caso. Una persona tiene derecho de ayudar con su caso a sus abogados, se quejó Balarezo.

El abogado aclaró también que ha recibido un “pago parcial para cubrir sus honorarios y los costos de asumir el caso de Guzmán, aunque aseveró que fueron pactados tres pagos. No precisó exactamente quién paga sus honorarios.

En la audiencia, Balarezo también comunicó la queja de Guzmán de que las cartas que mandaba y recibía de su familia se tardaban varias semanas en llegar a su destino.

Con información de Notimex

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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